El Gobierno intenta de nuevo aprobar un déficit que no pasaría del Senado

El Gobierno intenta de nuevo aprobar un déficit que no pasaría del Senado
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

El Gobierno vuelve a intentar aprobar este jueves en el Congreso la misma senda de déficit que ya fue rechazada en el mes de julio, y que conlleva unos objetivos más flexibles para los próximos años, aunque en el caso de ser aprobada no pasaría del Senado, ya que el PP la rechazaría con su mayoría absoluta. 


La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, buscará en el Pleno del Congreso la complicidad de los partidos independentistas que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy y que en la anterior votación se abstuvieron frente a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021.


Sin embargo, el fracaso de esta votación está anunciado, y así lo dejó entrever el PDeCAT, que ve “inútil” someter estos objetivos de déficit a un nuevo debate cuando serían rechazados por la mayoría absoluta del PP en el Senado.


ERC no se ha pronunciado sobre el sentido de su voto, aunque previsiblemente será el mismo que en julio, mientras que el PNV podría seguir apoyando al Gobierno y votando a favor de unas metas de déficit que se sitúan en el 1,8% del PIB para 2019, en el 1,1% para 2020 y en el 0,4% para 2021.


Unidos Podemos ha dejado la puerta abierta a un posible apoyo, aunque sus votos serían un mero gesto al Gobierno, ya que no bastarían para superar el previsible rechazo del PP, Cs, CC, Foro Asturias y UPN, que votaron en contra hace seis meses.

Salario mínimo


La votación se producirá un día antes de que el Consejo de Ministros se reúna en Barcelona y apruebe la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros y con el posible encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Montero volverá a argumentar el margen de más de 6.000 millones de euros que tendrían en 2019 las comunidades, el Estado y la Seguridad Social de aprobarse un déficit público del 1,8% del PIB, cinco décimas más flexible que el del 1,3%, que es con el que al final se presentarán los Presupuestos de 2019, puesto que es el único aprobado por las Cortes Generales.


Esos más de 6.000 millones se distribuyen en una décima para el Estado (cerca de 1.200 millones), dos décimas para las comunidades (unos 2.500 millones) y otras dos para la Seguridad Social (otros 2.500 millones de euros).


La Mesa del Congreso ha encargado un informe jurídico sobre la legalidad de la tramitación parlamentaria de esta senda de déficit socialista, ya que las dudas jurídicas surgen con la aplicación literal de la Ley de Estabilidad.
En su artículo 15 se señala que “en el primer semestre de cada año” el Gobierno fijará los objetivos de estabilidad presupuestario y añade que, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, “en el plazo máximo de un mes”, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento. 


En este sentido, el Ejecutivo ha tardado cinco meses en volver a llevar al Congreso esa senda.

El Gobierno intenta de nuevo aprobar un déficit que no pasaría del Senado

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