Los trabajadores exigen la garantía del Gobierno si aceptan el acuerdo de Alcoa

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Los trabajadores de Alcoa recibieron con ánimos encontrados la noticia del preacuerdo al que se llegó ayer tras una negociación que el comité de empresa calificó de “larga y dura”. Aceptan el plazo final del 1 de julio ofrecido por la multinacional para marcharse pero solo si el Gobierno  garantiza el 100% del empleo. De ser así, Alcoa se compromete a invertir 20 millones de euros en cada planta (la de A Coruña y la de Avilés) para mejorar sus instalaciones en las series de electrolisis. Solo falta que los propios trabajadores ratifiquen el acuerdo en la asamblea que se celebrará hoy, en dos tandas: a las once de la mañana y a las cinco y media de la tarde.


El presidente del comité de empresa coruñés, Juan Carlos López Corbacho, negó que se hayan limitado a aceptar las condiciones de Alcoa, que había presentado el lunes y que consistía en despedir a dos tercios de la plantilla y dejar a la tercera realizando labores de mantenimiento  hasta el uno de julio a la espera de un comprador. “Lo que nos importaba era ganar tiempo para buscar ese otro inversor y tener presupuesto suficiente para poder arreglar las plantas”, aclaró. 


Además, la producción se mantendrá como hasta ahora, con la plantilla al completo (369 en A Coruña y 317 en Avilés), por lo menos hasta la fecha límite, cuando los trabajadores se enfrentarán de nuevo a la amenaza del despido masivo. Pero para que se acepte, el Ministerio tiene que dar su visto bueno: es decir, comprometerse a mantener el 100% de los puestos de trabajo, en un documento que Corbacho espera que les llegue hoy el “lacrado” del preacuerdo no solo por el Gobierno, sino por la  administraciones autonómicas: “El acuerdo se desatascó precisamente porque el Gobierno nos hizo llegar que está comprometido con el mantenimiento del empleo”. 


 Es de esperar que ese documento llegue a manos de los líderes sindicales “quien tiene que decidir si vale o no son los trabajadores, pero solo  hay dos alternativas: o este acuerdo, o el ERE. Alcoa espera la contestación para el martes 22 a las tres de la tarde. Y si no es positiva, la multinacional fijará el ERE con el plan social que tenía previsto a 17 de octubre: es decir, el despido de todos los trabajadores. 

Después de dos meses de movilizaciones, el preacuerdo suscitó sentimientos encontrados. “Yo voy a votar que sí”, comentó Luis, uno de los afectados. No todos están de acuerdo, porque consideran que el acuerdo no garantiza realmente los puestos de trabajo y que puede que dentro de seis meses, vuelvan a verse en las mismas circunstancias. “Yo lo veo bien: Todo lo que sea no irse a la calle es bueno”, insiste Luis.

La  CIG  no lo apoya 
Pero no todos los sindicatos han estampado su firma en el acuerdo: la CIG considera que no garantiza de forma clara el empleo más allá del 1 de julio ni el reinicio de la actividad de electrólisis y, lo que es peor, obliga a pactar ya las condiciones de los despidos. En un comunicado, CIG recuerda que desde que Alcoa anunció el cierre de su plantas  el mandato de la asamblea de trabajadores había sido no pactar ni despidos ni la parada de las series de electrólisis sin garantías claras.

Para el sindicato nacionalista, el preacuerdo deja en manos del Gobierno central la posibilidad de mantener los empleos  y retomar la actividad 

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