Así respondió a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de En Marea Miguel Anxo Fernán-Vello, en la que pedía explicaciones por la inacción del Gobierno ante esta situación. El mismo parlamentario llevó, hace un año, una proposición no de ley a la Comisión de Cultura del Congreso, en la que consiguió el apoyo mayoritario para reclamar a la familia del dictador que devolviese ambas figuras.
“Es obligación de los poderes públicos garantizar la conservación del patrimonio histórico cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Por tanto, la actuación del Gobierno ha de basarse en ese compromiso de conservación de los bienes culturales, dentro de las competencias recogidas en la Constitución y en la legislación vigente”, explica el texto publicado por el Ejecutivo.
“En este sentido, de acuerdo con la Ley del Patrimonio Histórico, las competencias en materia de conservación del patrimonio corresponden a las comunidades autónomas, salvo los supuestos de bienes de titularidad estatal adscritos a servicios públicos o que forman parte del Patrimonio Nacional”, continúa el Gobierno.
Pero en este caso en cuestión, aclaran desde Moncloa, Patrimonio Histórico no tiene competencia para reclamar las esculturas objeto de controversia, ni exigir responsabilidades propias del ámbito. “Si bien se interesó por el asunto con la realización de gestiones con el Archivo General de la Administración, que no cuenta con documentación acreditativa del título de propiedad de las esculturas”, apunta.