El juez consulta a Bruselas sobre la obligatoriedad del estudio que falta

Las víctimas y sus familiares ven pasar el tren por la curva de Angrois | aec
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El juez Andrés Lago Louro, que instruye la causa por el accidente del tren Alvia en Angrois que provocó la muerte de 80 personas y dejó a 144 heridos hace ahora casi cuatro años, requirió un informe a la Agencia Ferroviaria Europea para que determine si la evaluación integral de riesgo era “normativa y/o técnicamente necesaria” en la línea Ourense–Santiago, donde se produjo el descarrilamiento.


Además, en un auto con fecha de 26 de junio, Lago Louro ha desestimado el sobreseimiento de la causa que habían solicitado tanto la representación procesal de Adif como la del cargo de esta entidad pública empresarial investigado, Andrés Cortabitarte.

Peritos
El instructor fija para el 27 de julio la ratificación de los informes entregados en enero por los peritos Juan Carlos Carballeira y César Mariñas –considera innecesaria la comparecencia de José Manuel Lamela–.
En un cuarto punto, establece estar “a la espera del resultado” de la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña con respecto a la petición de otras diligencias de las partes. Entre ellas, la plataforma de víctimas solicitó nuevas imputaciones.


En cuanto al informe que solicita a la Agencia Ferroviaria Europea, el magistrado pregunta cuestiones relativas a la evaluación integral de riesgo, que es aquella en la que se estudian y se ponen en relación los diferentes subsistemas ferroviarios –la vía, el tren, los métodos de frenado y señalización, entre otros–.
Quiere saber qué ha de entenderse por este concepto, si la línea Ourense–Santiago debía tener ese análisis hecho y si tendría que tenerse en cuenta “la situación de peligro concretamente existente en la curva en que se produjo el accidente”.
También, entre las cuestiones a las que demanda dar respuesta a los expertos europeos, plantea si el análisis era preceptivo “con carácter previo y con posterioridad” a la puesta en servicio de la línea, “qué ha de entenderse por cambio significativo” y si merece tal consideración la construcción de una nueva línea de alta velocidad y cómo se determina el nivel de riesgo y su aceptabilidad.


Reclama, igualmente, un pronunciamiento sobre la exportación de riesgos al maquinista o Renfe, y acerca de si debe tenerse en cuenta el factor humano en la evaluación de riesgos. Por último interrogante, traslada “si existe o no un consenso técnico entre los expertos sobre la necesidad de protección de las transiciones significativas de velocidad mediante sistemas de control continuo o puntual”.


POr su parte, las víctimas del accidente del tren Alvia valoraron que el juez que instruye la causa pregunte a la Agencia Ferroviaria Europea, “directamente”. Con todo, recuerdan que “la respuesta ya se conoce”.
Así se pronunció, Jesús Domínguez, el portavoz de la plataforma de afectados, haciendo alusión a la respuesta por escrito, vía correo electrónico, que le dio Christopher Carr, el jefe de la unidad de seguridad de la agencia, ya el 17 de noviembre.


Una respuesta que fue contundente al dictaminar que sí es obligatorio el análisis de la peligrosidad integral.

El juez consulta a Bruselas sobre la obligatoriedad del estudio que falta