Arranca la tramitación de la reforma sanitaria entre las críticas de la oposición gallega

El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña | lavandeira jr
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La toma en consideración para la reforma de Ley de Salud de Galicia fue aprobada ayer para su tramitación mediante proceso de urgencia con el único respaldo del PPdeG, partido que la impulsa, y el rechazo de lla oposición que advierten sobre un “estado de alarma permanente” y encubierto tras una norma sanitaria.

El pleno del Parlamento de Galicia acogió el primer debate de la proposición de ley, a iniciativa del PPdeG, con el objetivo de que pueda estar aprobada definitivamente en febrero del próximo año.

El texto llegó a la Cámara después de cumplir los trámites, como el informe de impacto de género o el criterio de la Xunta y que resulta “favorable” al texto legislativo en cuya redacción participó el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, defendió que la propuesta para reformar la ley de salud de 2008 es “un ejercicio de responsabilidad” para dotar de seguridad jurídica las decisiones de las autoridades autonómicas en la lucha contra las pandemias, puesto que el marco normativo actual “no estaba preparado”.

Además, también delimita y clarifica el concepto de autoridad sanitaria, establece las prohibiciones que puedan generar efectos nocivos contra la salud pública, como el consumo de alcohol en espacios públicos abiertos (botellones), limita la capacidad de locales y espacios públicos, posibilita la limitación horarios y establece mecanismos para controlar a las personas enfermas en caso de que fuera necesario.

Por su parte, Puy pidió la colaboración a los grupos de la oposición que, sin embargo, criticaron la propuesta.

En representación del BNG, la diputada Montse Prado censuró que el PP busque “recortar derechos y libertades” mediante la aprobación de una “ley coarcitiva” con una excusa sanitaria que “tiene poco que ver” con lo que realmente se pretende regular.

De igual forma, desde el PSdeG, el parlamentario Julio Torrado, sostuvo que la norma busca alterar los derechos y libertades de los gallegos.

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