El Senado rechaza la transferencia de la AP-9 a la Xunta de Galicia

25 junio 2010 A Coruña.- Retenciones en la AP-9 por una salida de vía en la que resultó dañada la conductora
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La comisión de Fomento del Senado ha rechazado, con los votos del PP, una moción del grupo socialista en la que pedía la transferencia urgente a la comunidad autónoma de Galicia de la Autopista del Atlántico (AP-9).
La senadora socialista Paula Fernández Pena ha defendido esta medida como solución para el principal eje de comunicación entre las ciudades gallegas de más población: A Coruña, Vigo, Ferrol y Santiago de Compostela.
Actualmente la AP-9, que comunica Ferrol con Tui en la frontera de Portugal cruzando de norte a sur el oeste de la comunidad, está gestionada por Itínere Infraestructuras, sociedad participada por Citi, Sacyr y las entidades Abanca, Liberbank y Kutxabank.
Los socialistas se han quejado de que su concesionaria, Audasa, la explota con "multimillonarios réditos, a pesar de estar en un entorno de crisis económico y teniendo un imparable descenso de usuarios".
Los beneficios proceden, según ha dicho, del "excesivo" aumento de tarifas en el peaje y de los más de 20 millones que recibe del Estado y la Xunta por la gratuidad en los recorridos O Morrrazo-Vigo y A Coruña-A Barcala y el recorte aplicado en las tarifas de cinco itinerarios de la vía: Pontevedra-Vilaboa, Pontevedra-O Morrazo, Pontevedra-Vigo, O Morrazo-Vigo y Rande-Vigo.
Para los socialistas, la AP-9 se ha convertido en los últimos años en "un gran negocio para las empresas gestoras, en vez de ser un derecho asequible, cómodo, seguro y que garantice la movilidad en las mismas condiciones que en el resto de vías de titularidad nacional para los ciudadanos".
Ha subrayado que circular por esta vía supone ahora un desembolso de un 28 por ciento mayor que hace poco más de un lustro, lo que es imposible de asumir para los usuarios.
Ha recordado el compromiso del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que la movilidad de los gallegos no se viera condicionada por el pago de peajes, una intención que, a su juicio, se convierte en papel mojado al no haberse avanzado nada para conseguir este objetivo.

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