España reubicará a 418 refugiados este mes desde Grecia, Turquía y Líbano

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, anunció que llegarán a España 418 refugiados a partir de mañana e “ininterrumpidamente” hasta final de mes, reubicados desde Grecia y reasentados desde Turquía y Líbano, con lo que España sumará alrededor de 1.000 refugiados acogidos a través de este programa europeo, en el que se sitúa a la cabeza, dijo.
Fernández Díaz destacó que se reubicarán desde Grecia 64 personas –entre el miércoles y el viernes–, mientras que se reasentarán 59 desde Turquía –del martes al jueves–, y 82 desde el Líbano –entre el 28 y 29–.
También de Líbano llegarán otros 203 refugiados en las próximas semanas, después de que se hayan desplazado a este país funcionarios del Ministerio del Interior y de la Secretaria General de Migraciones –del Ministerio de Empleo–, para “acelerar” el traslado de estas personas y el cumplimiento del programa de reasentamiento y reubicación al que se comprometieron.
Fernández Díaz añadió que hay que sumar a estas cifras los refugiados que llegan por su pie a España y que piden asilo y protección internacional subsidiaria, una cifra que el año pasado superó las 20.000 personas y se espera el mismo número este año; además, está pendiente el traslado por parte de autoridades italianas de 10 solicitantes de asilo, apuntó.
Aseguró que, en los dos años de duración de estos programas europeos, España habrá cumplido con todos los compromisos: “Y si no vamos más rápido, y si no somos más ágiles, no es porque España no quiera”, sino porque tiene que cumplir los procedimientos comunitarios, en los que intervienen diferentes instituciones. A esto se le suma la voluntad de los refugiados, que en ocasiones quieren ir a otros países para reagruparse con sus familiares, lo que hace que el procedimiento sea más complejo.
El ministro dijo que quieren ser delicados y discretos con esta cuestión: “Lo mejor es que no sea noticia, porque esto favorece su acogida e integración”, y añadió que algunos están perseguidos en sus países de origen y les puede perjudicar tener demasiada publicidad.
Aseguró que se distribuirán en todo el territorio del Estado, de acuerdo con sus perfiles personales y profesionales, en el lugar más adecuado para facilitar la integración con el objetivo, después de la acogida, de concederles la nacionalidad española.
Por otro lado, España tenía al cierre de 2015 más de 16.400 peticiones de asilo aún pendientes de resolver, miles de personas a quienes se les ha dado la primera luz verde admitiendo su petición a trámite pero que, sin embargo, viven en una situación de vulnerabilidad y con la incertidumbre al no saber si finalmente recibirán protección del Estado o serán invitados a abandonar el país. El plazo para resolver los casos es de seis meses ampliables a 21 en situaciones excepcionales, pero hay gente en España que espera durante años.
Esta situación de “colapso” denunciada reiteradamente por las ONG y evidenciada con los datos de Eurostat provoca que muchos refugiados –algunos se habrán marchado– vivan en España en algo parecido a un limbo. Tienen una tarjeta roja que acredita que han solicitado asilo y están autorizados a residir y/o a trabajar (en función de los casos) en el país, pero se trata de un documento temporal que no da mucha confianza a futuros empleadores, futuros caseros o administrativos de banca. Hay organizaciones que destinan recursos solo para explicar a esa gente qué significa el carné.

dificultades
La primera dificultad que afrontan estas personas es que la Administración tarda más en resolver que las ayudas en acabarse. Aunque varía ligeramente en función de la vulnerabilidad y el perfil de cada uno, el programa de acogida en España tiene una duración de dos años, al cabo de los cuales habrá de buscarse la vida como un ciudadano más, pero sin redes de apoyo, en un país desconocido, con un permiso temporal y con todo lo que supone haber huido de la persecución o la guerra. Amnistía Internacional dice que se aboca a la gente a la indigencia.
A nivel personal, supone un bloqueo, como explicaron varios de estos solicitantes de asilo, porque no se pueden hacer planes a medio o largo plazo sin saber cuál será la respuesta del Ministerio del Interior, organismo competente. Tampoco logran judicializar los casos, porque al no haberse pronunciado la Administración, no tienen una decisión contra la que litigar. Si la respuesta es no, podrán pelearlo o conseguir un permiso de residencia temporal por motivos humanitarios. 
CEAR dice que en 2015 no se concedió “ni uno” a personas con la petición rechazada.
Otro grave problema para estas personas es que al no tener oficialmente la condición de refugiadas, el reloj de sus derechos está paralizado. Un refugiado puede obtener la nacionalidad al cabo de cinco años en España, pero no cuenta el plazo que estuvo en espera. Un refugiado tiene derecho a instar la misma protección para su familia o solicitar permiso para que se reúnan con él. Un solicitante de asilo, no. Un refugiado obtiene un pasaporte, el que espera ha de pedir permiso si quiere viajar.