Un cambio en una sentencia podría hacer perder a Arteixo 500.000 euros

La juez Rosa Agrasso Barbeito, responsable del juzgado contencioso administrativo número 4 de A Coruña, ha notificado al Ayuntamiento de Arteixo una providencia en la que pretende anular la sentencia enviada el 10 de enero y que obligaba a Aqualia a indemnizar al municipio con 12,8 millones de euros por su “mala gestión” del servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas entre los años 2005 y 2013.
La magistrada señala ahora, explica el Gobierno de Carlos Calvelo, que “por error informático” se notificó a las partes un “primigenio borrador” y no la sentencia, por lo que procede “tramitar la nulidad de la sentencia (borrador) notificada”. También añade la jueza que “se deja en suspenso la eficacia de la sentencia”.

Contradicción
Según Agrasso, el documento que quiere anular “entra en contradicción” con una sentencia que fue notificada el día 12 de enero –dos días de después de la primera– en un apartado concreto: la condena a Aqualia del pago de los 542.000 euros que costaron los rellenos del depósito de Pastoriza cuando el municipio se vio obligado a llenar con cisternas el principal depósito de Arteixo para que el municipio no se quedase sin agua.
El nuevo dictamen reduce el montante de la indemnización de Aqualia de 12,8 millones de euros a 12,3. Por ello, el Ayuntamiento arteixán acaba de presentar unas alegaciones y un recurso de reposición ante el juzgado en contra de la anulación de la sentencia, señalando que la providencia “vulnera las leyes procesales que regulan la nulidad de sentencias”. El recurso también recuerda que “están en juego fondos públicos de elevadísima cuantía” y que se debe evitar “la vulneración de la tutela judicial efectiva”.

Mal funcionamiento
Arteixo constató en su día, apunta el Ejecutivo municipal, mediante auditorías técnicas y financieras, las responsabilidades que tenía Aqualia en el mal funcionamiento del servicio de agua, con múltiples pérdidas en las canalizaciones y averías. La sentencia que el municipio recibió el 10 de enero y que, según la jueza, era un “borrador primigenio” que nunca debió ser enviado, indicaba que Aqualia debe pagar 2,6 millones por el incumplimiento del plan de inversiones durante los ocho años que prestó el servicio; 8,7 millones por la reducción del valor patrimonial de la red, es decir, la falta de mantenimiento de tuberías y depósitos; 2,8 millones por el impago de la compra de agua que Aqualia dejó de abonar a Emalcsa durante años; 542.000 euros del relleno de Pastoriza en los años 2012 y 2013; y 111.000 euros por los gastos que asumió el municipio al intervenir la gestión de agua en el 2013.