Los dueños del edificio de A Silva piden al juez que eche a los okupas

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Apenas unas semanas después de adueñarse del Residencial Finisterre, en A Silva, sobre los okupas ya pesa una denuncia por “usurpación” de varias viviendas del portal 4 del inmueble. La constructora del edificio, Promociones inmobiliarias del Pisuerga S.A. (Proinsa), interpuso una demanda en los juzgados de Madrid –donde tiene su sede social– tan solo cuatro días después de la toma de los pisos, si bien todavía no hay una resolución judicial. Ante los últimos intentos de ocupación, esta vez por parte de residentes en el poblado chabolista de Penamoa, algunos compradores que invirtieron su dinero en esas casas ya han mostrado su preocupación y siguen insistiendo a Proinsa y a Caja España para que atajen de alguna forma el problema.

Los compradores pagaron “entradas de entre 30.000 y 80.000 euros” por unos pisos que no les entregan

La empresa promotora del Residencial Finisterre y la entidad bancaria Caja España –propietaria de varias viviendas porque la inmobiliaria se encuentra inmersa en un concurso de acreedores– son conscientes de la ocupación casi desde el momento en el que se produjo. De hecho, Proinsa ya ha acudido a la Justicia para que esta ordene el desalojo de los okupas tal y como ha hecho saber a algunos de los coruñeses que invirtieron sus ahorros en el edificio. Según la denuncia presentada en un juzgado de Madrid, la constructora explica que es propietaria de 54 apartamentos y que ha tenido conocimiento “de que varias viviendas, tras ser forzada la puerta de acceso al edificio y posteriormente la de las propias viviendas, han sido ocupadas por personas desconocidas”.

En este sentido, recuerdan que esas acciones pueden ser penadas con cárcel o distintas multas y piden que se considere un “delito de ocupación ilegal de bienes inmuebles”. El abogado de la compañía, Iker Berges, reclama a las fuerzas de seguridad que “se lleven a cabo las investigaciones necesarias para la averiguación de los datos de identificación de las personas responsables” y faculta a estos cuerpos para que entren en las casas y procedan a su desalojo.

De momento no se ha obtenido resolución alguna, pero a los inversores particulares también les consta que Caja España (como propietaria de parte del inmueble) ha presentado otra denuncia en A Coruña. No obstante, se muestran disconformes con la pasividad con la que están actuando los hasta ahora dueños.

 

Vigilancia > Uno de los afectados, que habla también por otras personas que están pendientes de la entrega de llaves, critica la “desidia e incompetencia” con la que se está actuando y se pregunta qué ha pasado con el vigilante que hasta hace unas semanas velaba por la seguridad de la promoción. Santiago, que prefiere no dar sus apellidos, aclara que aunque los 54 compradores que esperan sus pisos han dado entradas de “entre 30.000 y 80.000 euros” no pueden hacer nada porque todavía no son los legítimos propietarios. En su día llegaron a un acuerdo con Proinsa por el que pagaban esas cantidades y una vez entregados los hogares se firmarían las hipotecas.

Los pisos tenían que haberse entregado en 2009, pero la entrada en concurso de acreedores de la empresa los ha dejado al final de la lista para que se respeten sus derechos. El comprador asegura que no pretenden recuperar el dinero porque eso lo ven muy difícil sino que se terminen las casas que “están al 98%” y puedan ir a vivir allí.

Santiago descarta la propuesta de los okupas que los invitan a instalarse en los que serían sus hogares y la situación le parece una broma. Por su parte, uno de los portavoces de los jóvenes no quiso hacer declaraciones.

 

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