10º-19º
sábado | 20 abril | 2024
El fiscal del Supremo ha solicitado hoy al tribunal que confirme la condena a 25 años para el etarra Zigor Bravo por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado en octubre de 2000, mientras que la defensa ha esgrimido que no hay pruebas contra él.
El Supremo ha revisado hoy la sentencia que condenó al etarra por el citado asesinato, una sentencia que la Audiencia Nacional hubo de repetir después de que el Tribunal Constitucional se lo ordenara al aceptar un recurso del reo.
La Audiencia volvió a condenar a Bravo (rebajó la pena de 28 a 25 años) y ahora el etarra ha vuelto a acudir ante el Supremo en contra de esta segunda sentencia contra él.
El fiscal considera que esta segunda condena se basa en inferencias razonables a las que la Audiencia ha llegado a partir de múltiples indicios.
Es decir, que los hechos que llevan a la condena se prueban a partir de una deducción lógica del tribunal suficientemente argumentada a pesar de que la única prueba inequívoca existente contra Bravo fuera anulada por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, la defensa ha argumentado que no se ha destruido la presunción de inocencia de su defendido: "los indicios sobre los que se fundamenta el relato de hechos deben estar probados y una parte fundamental de los usados contra Zigor no lo han sido".
La defensa ha puesto en duda que Bravo supiera que Casado era funcionario de prisiones; que facilitase a la otra persona condenada por estos hechos la información que llegó luego a la dirección de ETA; y que la información usada por ETA para el asesinato fuera esa supuestamente facilitada por Bravo.
Por su parte, la acusación particular ejercida en nombre de Concepción Jaular, la viuda del funcionario, ha solicitado que se desestime el recurso porque la condena se basa en indicios múltiples que la justifican.
Así, tanto el fiscal como la acusación particular han coincidido en señalar la ya probada pertenencia a ETA del reo desde 1997, y que estaba integrado en un comando de información junto al otro condenado por el atentado, así como que conocía a Máximo Casado y su trabajo como funcionario de prisiones, pues era vecino de sus padres y, hasta un año antes, del mismo reo. A ello se suman otros indicios hallados en registros de los domicilios de los condenados.
Por el atentado cometido mediante una bomba lapa en el coche de Casado fue condenado, además de Bravo, el también etarra Juan Carlos Subijana.
Tanto la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo dieron validez como pruebas a las declaraciones prestadas por Subijana en dependencias policiales, pero el Constitucional ordenó a la Audiencia Nacional repetir la sentencia porque esas declaraciones no se habían confirmado en sede judicial.
