La previsible caída de las pensiones por el envejecimiento de la población requiere un retraso todavía mayor de la edad de jubilación y completar los sistemas públicos con fondos privados pese a los riesgos financieros que entrañan, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En su primer informe de perspectivas sobre las pensiones publicado ayer, la OCDE se pronunció por ir más allá de la jubilación a los 67 años y fijar un mecanismo que automáticamente fije la edad de jubilación en función de la evolución de la esperanza de vida. Ese mecanismo, reconoció, es a menudo “complejo, difícil de entender y crea incertidumbre sobre los beneficios futuros”, por eso se necesita una aplicación gradual y transparente que permita a cada persona adaptar sus estrategias de ahorro a los cambios.
La organización constató que las reformas realizadas en el último decenio en sus países miembros suponen una reducción de los beneficios de las pensiones públicas de un 20-25%, y esa tendencia debería ser todavía más marcada en el futuro.
Así, las personas que empiezan a trabajan ahora pueden esperar de media en los 34 países de la OCDE una pensión pública equivalente a la mitad de su remuneración en caso de que completen el período de cotización.
Los autores del informe se pronunciaron a favor de favorecer los fondos privados de pensión, y en particular de hacerlos obligatorios como complemento de los públicos, sobre todo en los países donde la “tasa de reemplazo” es inferior al 60% del sueldo del trabajador ya que de lo contrario muchos jubilados pueden caer en la pobreza.