El Ayuntamiento mantendrá el plan de demolición parcial del Conde de Fenosa

El Tribunal Supremo dictaminó, en un fallo conocido el martes, que en el caso del edificio Conde de Fenosa “no procede actuación administrativa alguna” encaminada a “eludir” la sentencia de 2001 que obliga a demoler las obras de rehabilitación realizadas en 1997 en el inmueble y autorizadas por el Gobierno local contemporáneo en contra de la legislación vigente, algo que podría obligar al Ayuntamiento a pagar indemnizaciones por valor de 45 millones de euros. Pero el alcalde Xulio Ferreiro afirmó ayer que la sentencia no establece un marco legal “sustancialmente diferente” y que el Ayuntamiento continuará intentando evitar el derribo al que obliga la sentencia mediante una demolición parcial y la legalización de la situación del edificio a través del PGOM.
El alcalde argumenta que “o Supremo non se opón á actuación municipal”. En octubre de 2015, la Junta de Gobierno acordó un proyecto arquitectónico de demolición parcial, basándose en el PGOM de 2013. El Ayuntamiento también presentó un incidente ante el Tribunal Superior de Xustiza para que declare que es legalmente imposible ejecutar la demolición en los términos más lesivos para el Ayuntamiento. Aunque hubo una petición “expresa” del demandante ante el alto tribunal para que se anulase esta fórmula, “o Supremo non impide a vía do Concello”, señala el alcalde. Por lo tanto, el Gobierno municipal continuará con la que el alcalde entiende que es una “estratexia xurídica totalmente acorde coa lei”, y cuya viabilidad depende actualmente de una resolución del Tribunal Superior de Xustiza que llegará “nas próximas semanas ou meses”.
El plan propuesto por el Ayuntamiento le costaría unos 1,5 millones, y no implicaría la eliminación de ninguna vivienda, sino que se limitaría a intervenciones en los torreones y en la trasformación en galerías de los cuerpos volados, además de algunas adaptaciones a la normativa vigente. La demolición en los términos a los que obliga la sentencia de 2001, y que afectan a las oficinas que se transformaron en viviendas en la obra de 1997, serían más costosas, aunque, admite el alcalde, “nos servizos internos do Concello non hai estimacións sobre unha demolición total”. El PP calculó la suma, cuando aún ocupaba María Pita, en unos 45 millones de euros.
El alcalde afirmó que el Gobierno socialista que concedió la licencia “ten unha responsabilidade importante”, y también achacó al PP “seguir enredando durante catro anos máis e non ofrecer unha solución”. Pero, al ser preguntando sobre si se exigirían responsabilidades a las personas que expidieron la licencia, Ferreiro evitó responder, diciendo en cambio que “non están declaradas” responsabilidades que afecten al Ayuntamiento como institución. También resaltó la importancia de que las administraciones públicas sean “especialmente coidadosas” en la concesión de licencias urbanísticas, algo que, opina el regidor, “é o que está a facer o Concello desde que estamos aquí”.