El Senado aprueba la ley de Seguridad Nacional definitivamente con el apoyo mayoritario

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado. EFE

El pleno del Senado ha aprobado hoy definitivamente, con el apoyo mayoritario de los grupos y el rechazo de los nacionalistas catalanes y vascos, Podemos e IU, el proyecto de Ley de Seguridad Nacional.

Con 201 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones, el pleno de la Cámara alta ha dado luz verde a este proyecto de ley que persigue mejorar la respuesta ante nuevos riesgos y amenazas, y otorga más poder al presidente del Gobierno para la declaración de la situación de "interés para la seguridad nacional".

Durante el debate, que ha durado más de tres horas, los senadores también han rechazado las 6 propuestas de veto -IU, ERC, Podemos, Entesa, PNV y CiU- y las 57 enmiendas planteadas por todos los grupos, salvo el PP, al proyecto de ley que culmina así su tramitación en las Cortes.

Joaquín Luis Ramírez, del PP, ha resaltado que la ley incluye la participación de las comunidades autónomas, es respetuosa con el ordenamiento jurídico y no invade la seguridad pública, como han denunciado los grupos de oposición.

Alberto Casero, también del PP, ha rechazado la invasión de competencias autonómicas, ha asegurado que la seguridad nacional es competencia exclusiva del Estado y que la ley garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Francesc Antich, del PSOE, ha defendido la necesidad de la ley para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, y porque facilita la respuesta a los nuevos retos y amenazas.

Mientras, Ester Capella, de ERC, en la defensa del veto presentado por su grupo, ha afirmado que la ley supone un cambio legislativo sin debate y ha acusado al PP de aplicar el rodillo parlamentario.

La portavoz de Podemos, María Pilar Lima, ha lamentado que la nueva norma no contempla la seguridad de las mujeres que están siendo asesinadas por motivo del terrorismo machista.

Ha considerado que la ley tiene un afán centralizador, minimiza las competencias autonómicas y anula el papel de las Cortes Generales.

Lima ha afirmado que la ley es ambigua, está llena de vaguedades y no especifica las amenazas.

También contra la ley se ha pronunciado Jokin Bildarratz, del PNV, para quien la ley es "innecesaria, centralista y electoralista", y se ha mostrado preocupado porque "dar tanto poder a una única persona", en alusión a los poderes otorgados al presidente del Gobierno.

También Teresa Rivero, del grupo catalán, ha criticado que refuerza el poder arbitrario del Estado y supone un retroceso en las libertades de los ciudadanos.

Joan Sabaté, de Entesa, ha defendido la necesidad de una ley como esta para garantizar la seguridad colectiva y ha afirmado que "no hay que tener miedo al hablar de la seguridad nacional".

La nueva ley persigue la colaboración de todas las instituciones del Estado y regula la declaración de situación de "interés para la seguridad nacional", responsabilidad que recaerá exclusivamente en el presidente del Gobierno.

Esta declaración podrá adoptarse ante una crisis que no pueda abordarse con los medios ordinarios de la Administración y que, sin embargo, no sea tan grave como para aplicar la Ley de Alarma, Excepción y Sitio, de 1981.

Fija medidas de coordinación entre las administraciones públicas, establece el Sistema Nacional de Seguridad en el Consejo de Seguridad Nacional y define competencias en materias como la ciberseguridad, seguridad marítima y seguridad financiera, así como el medio ambiente, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.

El Senado aprueba la ley de Seguridad Nacional definitivamente con el apoyo mayoritario

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