La juez que investiga los ERE irregulares tomará declaración hoy, como imputado, a Juan Márquez, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, al inicio de una ronda de imputación de altos cargos que se completará con el exviceconsejero Agustín Barberá y el exdirector general Daniel Rivera.
Estos tres imputados comparecerán ante la juez Mercedes Alaya después de que lo hayan hecho el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, encarcelado desde abril, y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en prisión desde marzo.
Fuentes del caso han informado a Efe de que Márquez podría acogerse a su derecho a no declarar, como ya hizo cuando compareció ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, o responder solo a las preguntas de la juez y de la Fiscalía Anticorrupción.
Tras la comparecencia de Márquez, que fue director general entre el 2009 y el 2010, el 6 de julio está citada como imputada su exasesora María José Rofa; el día 11, Daniel Rivera, director general de Trabajo entre el 2010 y el mes pasado, y el día 27, Agustín Barberá, viceconsejero entre el 2004 y el 2010.
Las citadas fuentes han indicado a Efe que una de las incógnitas es si Alaya decretará prisión contra Márquez después de que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla haya dejado en libertad bajo fianza de 150.000 euros a Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero y perceptor de 1,3 millones de euros en ayudas irregulares.
La misma Sala resolverá en los próximos días si deja en libertad bajo fianza a Antonio Fernández, como ha pedido su defensa alegando su colaboración con la Justicia y la ausencia de riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.
En un auto del pasado 12 de junio, Alaya analizó el último informe de la UCO y dijo que "la parte verdaderamente novedosa" es la que abarca la fase que se abre en la Consejería de Empleo tras el cese de Guerrero en el 2008 y cuando sus sucesores Juan Márquez y Daniel Rivera "dieron continuidad" a las ayudas, pese a ser conscientes de la inclusión de intrusos en los ERE.
En el caso de Márquez, era "pleno conocedor de que en las ayudas sociolaborales y directas se estaba incumpliendo la normativa comunitaria", según el auto.
La juez también amplió entonces los hechos que imputa a Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, por su "activa participación en la inclusión de los intrusos de Intersur" y de otros tres beneficiarios de su localidad natal de Camas (Sevilla), uno de ellos concejal del PSOE y otro cuñado suyo.
Rivas estaba citado como imputado para el 26 de julio pero la juez dejó en suspenso la comparecencia a la espera de tomar declaración a sus superiores durante el periodo investigado.
