Barcón cree que la Xunta “dio una bofetada a la ciudad” al renunciar a la residencia

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El Ideal Gallego-2011-06-17-004-9961f044

  p. g. l./c.r. > a coruña

  “El anuncio del lunes fue una bofetada a la ciudad donde más duele”. Así es como ve la portavoz municipal del PSOE, Mar Barcón, la publicación esta semana en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de la suspensión, por parte de la Xunta, del concurso para la ejecución y gestión de una residencia universitaria pública en el campus de Elviña, con la intención de volver a sacar una nueva convocatoria para que sea ahora una empresa privada la que construya y explote el área residencial, a través de una concesión administrativa.
“Nos parece un ataque a los servicios públicos”, manifestó la portavoz del grupo socialista, que critica que el Gobierno gallego, “en apenas unas semanas”, además de la residencia universitaria, decidiese ampliar las plazas en el Eusebio da Guarda sin “resolver las deficiencias del centro”, y anunciase, “con nocturnidad y alevosía”, la conversión del IES Paseo das Pontes en un centro integrado de Formación Profesional. Por eso, su formación presentará tres mociones en el primer pleno de la nueva corporación para exigir al Gobierno autonómico  que “cumpla la palabra dada” para que la entidad docente cuente con una residencia, y para que se tenga en cuenta el mapa educativo de la ciudad a la hora de tomar decisiones.
Barcón considera que la de A Coruña “no puede ser la única universidad sin residencia pública”. Apuesta por seguir el modelo propuesto por el rector José María Barja para poner el proyecto en marcha por fases, y por que sea la propia entidad docente la que gestione ese edificio “con dinero público”. Cree, además, que el nuevo alcalde, Carlos Negreira, debería apoyar a la Universidad, ya que “resulta una burla” que, tras sus declaraciones en la toma de posesión, la Xunta decida ahora que la única opción es un área residencial pública-privada.

Expropiaciones > Para Barcón, uno de los temas que choca con la decisión del Gobierno gallego es el hecho de que las expropiaciones en Elviña se pagaron con dinero del Ayuntamiento para hacer un centro de titularidad pública. “Los terrenos fueron cedidos a la Universidad con los impuestos de los coruñeses”, recalcó la portavoz del grupo socialista.  
El portavoz municipal del BNG, Xosé Manuel Carril, también hizo hincapié ayer en este asunto. El nacionalista recordó que “aos veciños e veciñas de San Vicente de Elviña fóronlle expropiados os seus terreos para a construcción dunha residencia pública, non privada”, aun cuando los residentes en este núcleo “insistiron dende o primeiro momento no seu dereito a vivir no lugar con dignidade”.
Los nacionalistas presentarán otra moción en el pleno para que la Xunta opte “por unha residencia pública, sen ánimo de lucro”, y para que la ciudad pueda contar con un área residencial, ya que se trata “da única Universidade do Estado” que no dispone de este servicio. Carril espera que todos los grupos políticos con representación en María Pita apoyen la moción, incluido el PP, “especialmente se é que realmente apostan pola Universidade”.

Proyecto > El nacionalista compareció ayer acompañado por la diputada del BNG Ana Luísa Bouza, que el lunes registró en el Parlamento una iniciativa para preguntar por los motivos de la anulación del contrato .
Bouza rechazó la medida propuesta por el Gobierno gallego “dun financiamento público-privado” para el edificio de Elviña. Según la nacionalista, esta medida “xa fora denunciada polo BNG hai tempo, e por fin se destapa parte da axenda oculta do PP”.
Cree que este modelo “non é compatible” con el proyecto de la anterior Consellería de Vivenda, en la que se apostaba por pisos de alquiler para estudiantes y profesores, que no resultarían rentables para la empresa privada. Según indicó, tendría que plantearse una residencia “clásica”, para que el que la construya pueda obtener beneficios por encima del canon. “Para amortizala todo ten que ter unha concesión practicamente vitalicia”, añadió Carril, que considera que la gestión pública del edificio se realizará a través de un cheque, y el resto dos servicios serán privados.


 

Barcón cree que la Xunta “dio una bofetada a la ciudad” al renunciar a la residencia