11º-23º
sábado | 20 abril | 2024
En su auto, De Egea acuerda enviar a juicio a Fernández Gayoso, a Gregorio Gorriarán Laza, a José Luis Pego Alonso y a Domingo González Mera, por un delito societario en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social. Además, confirma el archivo de la causa respecto de José González Rodríguez e Isaac Alberto Miguez Lourido.
En 24 horas
La resolución, que recoge los escritos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y de Abanca, da un plazo de diez días a las defensas para formalizar sus escritos y señala a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que se enjuicien los hechos. El auto de apertura de juicio oral requiere a los acusados para que en el plazo de 24 horas presten, de forma directa y solidaria, una fianza de responsabilidad civil de 68.355.712 euros a fin de asegurar las presuntas responsabilidades civiles que pudiera imponérseles.
El procesamiento de los responsables por esta pieza fue acordado el pasado mes de agosto por la ahora magistrada del Tribunal Supremo Carmen Lamela, que en principio procesó a los seis directivos antes mencionados por las operaciones en Rivas, que ocasionaron un perjuicio a la entidad de 41,8 millones de euros según se fijó en dicho auto.
Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional ya condenó a 2015 a dos años de prisión a Gayoso, Pego y Gorriarán por el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad, previendo que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente.
Informe
En este procedimiento se examinan las operaciones sospechosas y se concluye que la financiera inmobiliaria Proinova SLU y Caixanova, hoy Abanca, resultó perjudicada patrimonialmente con una cuantía que asciende a 41.853.839 euros a favor del grupo Copasa.
En el año 2007, Caixanova concedió un préstamo hipotecario a la sociedad Rivas ACI SL –creada para llevar a cabo el proyecto urbanístico y participada por varias mercantiles vinculadas a la caja extinta– por el importe de 67.100.000 euros, pese a que la mercantil aún no había adquirido aún las parcelas y sin hacer ningún tipo de análisis de solvencia de la empresa, ni “distinguir el valor entre las fincas”. Debido a que Rivas ACI no cumplió con sus compromiso de satisfacer la deuda, los directivos de Caixanova decidieron hacer reestructuraciones de las condiciones del préstamo, señala el auto.
Además de analizar todas las operativas, la juez recordaba en su auto de procesamiento que el informe de análisis elaborado por PWC calcula esos perjuicios ocasionados a Caixanova en la operación final de compraventa de las parcelas por la financiera Proinova y la siguiente operación de venta de las parcelas a la sociedad Viviendas y Obras Civiles, vincualada a Copasa.
La querella por estos hechos fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción después de que en octubre de 2014 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, pusiera en conocimiento una serie de prácticas de la entidad supuestamente irregulares.
Por otro lado, la resolución acuerda el archivo de las actuaciones respecto de doce personas que se encontraban investigadas, a petición de la Fiscalía, y rechaza las solicitudes de archivo de los investigados. l
