El Gobierno espera al fallo de Estrasburgo para tratar las devoluciones en caliente

El Gobierno no retirará el recurso que interpuso el Ejecutivo del PP contra la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las devoluciones en caliente y aguardará al fallo definitivo, previsto para septiembre, antes de tomar una decisión sobre estas prácticas.
“Esperemos a esa resolución”, avanzó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y subrayó que estas cuestiones jurídicas “no son blanco o negro, sino que son mucho más complejas de lo que parece”.
Fue en octubre pasado cuando el Tribunal de Estrasburgo consideró que España había vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos al devolver a Marruecos a dos inmigrantes subsaharianos que habían superado de manera irregular la valla de Melilla sin haberles identificado, por lo que debía indemnizarles con 5.000 euros. Ahora, la Gran Sala de 17 jueces de la Corte europea debe resolver el recurso del Gobierno del PP que fue admitido a trámite en enero y que, afirma el ministro, “no se ha retirado”.
Porque la política migratoria, insistió, es una cuestión de toda la Unión Europea y, por ello, España debe actuar de común acuerdo con ella. Grande-Marlaska negó tajantemente que estemos ante una nueva crisis de cayucos ni que haya un colapso por el incremento del número de llegadas de inmigrantes a nuestras costas en los siete primeros meses del año, en los que ya se han superado las contabilizadas en todo 2017 con casi 23.000. Y es que este aumento era “absolutamente previsible” ante los cierres de las rutas del Mediterráneo oriental y central de los últimos tiempos. “Es lo que se llama el efecto globo, cuando el aire no sale por un sitio, sale por otro”, explicó.
Por eso, opina que “no hay que alarmar a la gente porque no estamos en ninguna circunstancia caótica. Lo que pasa es que el Gobierno anterior no lo previó o por lo menos no dio muestras de haberlo previsto adoptando las medidas precisas y necesarias”.
De ahí que recrimine determinadas “conductas y actitudes” que ahora ven como preocupante lo que antes no parecía serlo, pese a que en 2017 el número de llegadas se había disparado un 170% respecto a 2016.
Por otro lado, el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, dijo que España no atraviesa en este momento una crisis migratoria y que la presión que afronta el país por el incremento de las llegadas desde Marruecos es “manejable”.
“Depende del Gobierno de España encontrar el modo de controlar mejor la situación, porque por el momento la situación es manejable. No estamos en una crisis en España ahora mismo. Es presión, sí, y tenemos que estar mejor preparados para el futuro”, dijo Avramopulos, que se reunió el pasado viernes en Madrid con miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. 
El responsable europeo de Inmigración insistió en que España “no está sola” en esta tarea y contará con el apoyo “práctico, financiero y político” de la Comisión, mensaje que transmitió a varios miembros del Gobierno en sus encuentros.
Preguntado sobre si la situación podría evolucionar hacia una crisis, Avramopoulos afirmó que el objetivo es precisamente “evitar” que esto ocurra y que España se convierta en un núcleo dónde los inmigrantes queden varados indefinidamente a la espera de que se resuelvan sus demandas de asilo. 
“Creo que la situación tiene que ser puesta, en general, bajo control. Todos los que llegan a las costas europeas deben ser inmediatamente registrados, identificados y divididos, algo que ya se ha hecho con mucho éxito en Italia y Grecia en los últimos dos años”, añadió. l