La infanta pasó de ingresar 162.300 euros en 2008 a 311.169 en 2009

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La infanta Cristina declaró 162.360 euros en 2008 en concepto de retribuciones dinerarias por rendimientos de trabajo y 311.169 en 2009 por el mismo concepto. Este dato figura en las declaraciones de la renta que la Agencia Tributaria (AEAT) aportó al juez instructor del caso Nóos, José Castro.
Castro, titular del juzgado número 3 de Palma, dictó ayer un auto en el que ordena a la Agencia Tributaria nuevas diligencias sobre la actividad de Aizoon, el uso de sus fondos, sus ingresos y sus liquidaciones fiscales, y ha reclamado también un informe sobre las cuentas corrientes en las que la infanta sea titular o apoderada y su patrimonio mueble, inmueble y financiero.
El juez basa su petición en el auto de la Audiencia de Palma que el pasado 7 de mayo dejó sin efecto la imputación de la hija menor del Rey pero expresó “recelos” sobre el informe de la Agencia Tributaria de Cataluña que descartaba que pudiera haber cometido delitos contra la Hacienda Pública como socia de Aizoon.
Por ello, ordena que se aclaren las objeciones de la Audiencia y que se practiquen “cuantas diligencias de investigación” sean precisas para “descartar de plano” que la infanta Cristina haya sido partícipe del delito fiscal que la Agencia Tributaria sí atribuye a Iñaki Urdangarin por sus declaraciones de la renta de 2007 y 2008.
El instructor, que también requiere que se cuantifique “la cuota supuestamente defraudada” por el esposo de la infanta, ha decidido que las declaraciones del IRPF de doña Cristina que aportó la Agencia Tributaria sean incorporadas a la causa.
Castro aclara que la prescripción del fraude que se le pudiera atribuir a la infanta se interrumpe el pasado día 7, una vez que la Audiencia Provincial “hizo patente su parecer sobre la posibilidad” de que doña Cristina “hubiera cometido delito fiscal y/o de blanqueo de capitales”.
El juez define el pronunciamiento de la Audiencia como una invitación a “asumir” la investigación del supuesto delito fiscal y agrega que este ofrecimiento “es sin reservas aceptado a través” de la resolución dictada ayer.

blanqueo
El instructor incluye en su resolución la petición a la Agencia Tributaria para que adscriba a su juzgado como asesor “en materia tributaria y de blanqueo de capitales” a un determinado funcionario de Vigilancia Aduanera al que elogia por su “eficaz labor” en la investigación.
El auto, en su último punto, solicita al presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, que certifique si el expresidente de la Comunidad, Francisco Camps, y la alcaldesa de su capital, Rita Barberá, tienen acta de diputados autonómicos.
Camps y Barberá han sido señalados por algunos encausados como los responsables últimos de las negociaciones que condujeron a la celebración en Valencia de tres foros deportivos que organizó el Instituto Nóos y que la Fiscalía Anticorrupción considera que fueron una fuente de malversación de fondos públicos.

La infanta pasó de ingresar 162.300 euros en 2008 a 311.169 en 2009