Blanco se enteró “después” de las carencias de seguridad en Angrois

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El eurodiputado José Blanco, que recibió ayer en Bruselas a un grupo de víctimas del accidente del tren Alvia en Santiago en julio de 2013, ha sostenido que se enteró “tres días después” de que no había Ertms, el sistema de control continuo de velocidades, para a continuación sugerir que “lo sabría el director de seguridad de Adif”.
La reunión fue acalorada por momentos, debido a que los afectados por el descarrilamiento acusan al exministro de Fomento de responsabilidades en la merma de seguridad de la línea, cuyo cambio de proyecto original supuso eliminar el Ertms de los ocho últimos kilómetros.
Sin embargo, en un encuentro posterior con periodistas desplazados a Bruselas junto a la delegación invitada por la portavoz del BNG Ana Miranda, el de Palas de Rei subrayó que él inauguró una línea “con unas determinadas características”, y que con esas mismas características “se puso en explotación”.
Y es que, ya con Ana Pastor al frente de Fomento, el Ertms embarcado a bordo del tren -que avisaría al conductor de la transición de velocidades- fue desconectado por problemas de interferencias.
Blanco les aseguró a las víctimas que la inauguración de la línea Ourense-Santiago “no estuvo marcada por el calendario electoral”, ya que dicho hito “se anunció mucho antes” y viene marcado, según recalca, por “los plazos de ejecución de las obras”. “Yo lo único que hice -como titular de Fomento- fue cumplir plazos”, llegó a afirmar. Además, en cuanto a la modificación del proyecto original, les comunicó que “no aceleraba la puesta en servicio” del tren, sino que “al revés”, la “alargaba”.
Por su parte, responsables de la dirección general de transporte de la Comisión Europea y miembros de la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria se comprometieron a estudiar las denuncias de las víctimas del accidente.
Además, la comisión de peticiones del Parlamento Europeo trasladó a los afectados que estima que en un plazo de entre uno y dos meses resolverá sobre la admisión de sus dos denuncias. En concreto, Carolina Lecocq Pérez, en representación del secretariado de la comisión, invitó a las víctimas a ejercer “cuanta más presión” a los 33 diputados que forman parte de la comisión, entre ellos, varios españoles.

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