Maduro busca como “traidores a la patria” a dos militares sublevados

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El líder de la rebelión militar lanzada el domingo en un cuartel de la ciudad venezolana de Valencia, el excapitán de la Guarida Nacional Bolivariana (GNB) Juan Carlos Caguaripano, y el responsable del almacén de armas de la basa atacada, Yéferson Gabriel García dos Ramos, huyeron de las autoridades y están siendo buscados como “traidores a la patria”.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, actualizó ayer la información relativa al “acto terrorista” contra el cuartel de Fuerte Paramacay, “en contra de la 41 Brigada Blindada del Ejército Bolivariano”.
Caguaripano, expulsado en 2014 de las Fuerzas Armadas “por medida disciplinaria” y vinculado al golpe de estado de 2002, logró huir, al igual que García Dos Ramos, que habría facilitado información a los rebeldes sobre el funcionamiento interno de la base. Recibió a cambio “una importante suma de dinero”, aseguró el Ministerio de Defensa en un comunicado leído por Padrino López. “El hecho constituye la comisión de delitos militares de traición a la patria y ofensa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre otros. 
En tal sentido, este grupo y sus copartícipes han sido declarados como enemigos de la patria, del pueblo venezolano”, advirtió el Gobierno, para quien la acción tiene como último objetivo “empañar” los avances del chavismo “en la restitución de la paz”.

Coincidencia
Padrino lamentó que esta revuelta haya coincidido con la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente y apuntó que las “investigaciones iniciales” han determinado que la intención inicial del grupo era perpetrar el asalto antes de la votación para elegir a dicha cámara.
Por otro lado, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, rechazó ayer la destitución de Luisa Ortega Díaz como fiscal general y que en su lugar haya sido nombrado Tarek Saab por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano integrado únicamente por representantes afines al Gobierno. “La decisión de remover a la fiscal general de la república adoptada por el órgano constituyente espúreo es absolutamente nula e inexistente porque implica usurpación de las atribuciones constitucionales de la AN”, dice el acuerdo aprobado ayer en la Cámara por la contundente mayoría opositora que la controla. El Parlamento rechazó ayer también que la sede del Ministerio Público fuese tomada por decenas de militares que “impidieron por uso de fuerza acceso” a Ortega horas antes de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comunicara a la ANC la decisión de “suspender” a la exfiscal para avanzar en un enjuiciamiento en su contra.
Con todo, el Legislativo acordó “respaldar a la fiscal Luisa Ortega Díaz en su determinación de continuar en el desempeño de las funciones para la cual fue designada por la AN”, así como “deplorar la violación del derecho del debido proceso cometida por el TSJ y por el órgano supuestamente constituyente”.
La exfiscal se distanció del Gobierno en los últimos meses y lo acusó de cometer terrorismo de Estado por la “represión” de los cuerpos de seguridad contra las manifestaciones ciudadanas. 
Por su parte, un grupo de simpatizantes del Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se concentraron ayer en una plaza del centro de Caracas para dirigirse hacia el Parlamento, en apoyo a la Asamblea Constituyente. Para Maduro, principal impulsor de la Constituyente, esa Asamblea permitirá afrontar la crisis que atraviesa el país.

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