La juez cita a partir de mañana al expresident y a trece de sus consellers

Junqueras preside el encuentro con Rull, Romeva, Turull y Mundó | alejandro garcía (efe)
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La juez Carmen Lamela citó mañana y viernes como investigados al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los otros 13 exconsejeros del Govern contra los que el lunes se querelló la Fiscalía en la Audiencia Nacional por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional adoptó esta decisión en un auto en el que se declara competente para investigar la querella de la Fiscalía General del Estado y en el que acuerda estas primeras diligencias, es decir, la citación de los 14 querellados esos dos días, a las 09.00 horas, y también la celebración de una vistilla de medidas cautelares tras su declaración.

Causa por edición
Lamela se hizo cargo de la querella por conexión con la causa que tiene abierta por sedición y que hasta ahora cuenta con cuatro investigados: el que fuera mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero; la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, estos dos últimos en prisión preventiva desde el 16 de octubre.
De este modo, ayer fueron admitidas las dos querellas que este lunes presentó la Fiscalía en el Supremo y la Audiencia Nacional contra los responsables en el proceso de independencia en Cataluña desde que comenzó su andadura en 2015.
El Supremo se declaró por esta mañana competente para investigar por estos hechos a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa, que también fueron citados a declarar entre mañana y el viernes.
El abogado de Carme Forcadell, Andreu Van den Eynde, no contempla que la Audiencia Nacional pueda decretar el ingreso en prisión de la presidenta del Parlament, como medida cautelar, tras la nueva querella de la Fiscalía: “No me cabe en la cabeza”.
En declaraciones este martes a TV3, el letrado ha dicho que no ve razones para que ordenen su encarcelamiento por riesgo de fuga –uno de los supuestos que podrían contemplarse–, pues puso como ejemplo que Forcadell este lunes ya estuvo trabajando desde las 08.00 horas y localizable.

En su auto, Lamela precisa que los catorce declararán como investigados y también a los efectos de celebrar vistillas de medidas cautelares de carácter personal, en las que la Fiscalía puede pedir medidas como la retirada del pasaporte, comparecencias periódicas en el juzgado o su ingreso en prisión preventiva.
La magistrada acuerda también una fianza civil de 6.207.450 euros, que deberán depositar en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no la depositan.
Además, ordena incorporar a la causa las copias de acuerdos adoptados por el Parlament de Cataluña en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con el proceso secesionista.
En su auto, Lamela explica que, conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una república catalana independiente de España en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial.

Atentar contra el Gobierno
Por ello, encaja estos hechos en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, competencia de la Audiencia Nacional.
La magistrada recuerda que “la admisión a trámite de una querella no constituye, todavía y en todo caso, un acto de imputación judicial”, cosa que no ocurre hasta “la comprobación de la existencia de datos que avalen la realidad de los hechos imputados”.
De una manera inicial, la juez concluye que los querellados “urdieron una estrategia de lo que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento”.
Según expone la juez Lamela, en la querella del fiscal se exponen de manera “seria, racional y lógica los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación”.
Por ello, sin que exista un perjuicio de la calificación jurídica que finalmente pueda otorgarse, la juez admite la querella en los términos planteados por la Fiscalía.

La juez cita a partir de mañana al expresident y a trece de sus consellers