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viernes | 19 abril | 2024
El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, y la de Salud, Alba Vergés, negaron ayer que existiera “ninguna orden” para denegar la atención hospitalaria a usuarios de residencias de mayores durante la pandemia.
En una comparecencia telemática en la comisión del Parlament que investiga la gestión de las residencias, el conseller respondió así a la acusación que lanzó la organización Amnistía Internacional, que la semana pasada publicó un informe en el que denunciaba violaciones de derechos humanos en ese ámbito.
El Homrani, a preguntas de diputados de la oposición, aseguró que “no ha habido ninguna orden de no trasladar los residentes a los hospitales” y, explicó que las decisiones médicas fueron las que han regido las actuaciones del sistema asistencial.
“La decisión de ingresar o no en un hospital, con Covid, antes de Covid y después de Covid, siempre la tiene el personal sanitario desde una perspectiva clínica, y debemos tener la máxima confianza en ellos”, afirmó.
En este sentido, Vergés subrayó que no hubo ninguna orden para no derivar y que el criterio clínico “es la base” de cualquier derivación antes, con y después de la pandemia del Covid-19.
Vergés afirmó que en la primera ola hubo 3.313 personas ingresadas en hospitales catalanes procedentes de residencias y que en la segunda ola fueron 1.135, al tiempo que subrayó que cada paciente se trata de forma individualizada y con criterio clínico.
El Homrani también defendió que, con la irrupción de la pandemia, el Govern mejoró los mecanismos de coordinación entre las residencias y el ámbito sanitario.
Asimismo, también reconoció que, en la primera ola, no se dispuso del número suficiente de equipos de protección individual (EPI) en las residencias, y apuntó como causas a la saturación del mercado y a la centralización de la compra por parte del Gobierno.
Además, informó que la Generalitat intervino en 27 residencias durante la pandemia, de las que se cerraron dos.
