La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió ayer un examen preliminar a Venezuela por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril del año 2017 como en algunas cárceles, donde supuestamente se maltrató a opositores.
Según la información recopilada por la Fiscalía de la CPI, agentes de seguridad del Estado utilizaron “con frecuencia” una “fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones” y detuvieron y encarcelaron “a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes”.
Las protestas comenzaron cuando el Tribunal Supremo de Venezuela dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y sacaron a la calle a miles de personas en todo el país, sobre todo en Caracas.
El segundo punto importante del examen preliminar se refiere al trato recibido por los detenidos después de las manifestaciones, pues, según la Fiscalía, algunos de ellos fueron “presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato”. El foco principal de la evaluación se centra en los hechos ocurridos a partir de abril de 2017, pero no se descarta hacer indagaciones sobre sucesos violentos ocurridos con anterioridad.
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, reconoció también en un vídeo hecho público ayer que “algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos”, que causaron lesiones y muertos entre miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas. Este examen preliminar no es una investigación plena, sino un paso previo para analizar la información disponible y determinar si existe fundamento razonable para seguir adelante.
Por otro lado, el pleno de la Eurocámara aprobó ayer una resolución que pide ampliar las sanciones impuestas por la Unión Europea a nuevos altos cargos del régimen venezolano, incluido el presidente, Nicolás Maduro, y sus colaboradores, tras el fracaso de las negociaciones en Santo Domingo, y condenó la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva.
