Un miembro de La Manada intentó obtener el pasaporte el pasado lunes

Antonio Manuel Guerrero, el integrantes de La Manada que intentó obtener un pasaporte esta semana | Pepo Herrera (efe)
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Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil condenado por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 junto con los otros miembros de La Manada, intentó obtener el pasaporte el pasado lunes, el mismo día que declaraba ante juzgado en Sevilla, pero su petición fue rechazada.
La jefa del equipo de expedición de esos documentos en la oficina de Tablada-Sevilla le comunicó la imposibilidad de hacer ese trámite por tener prohibida la salida del territorio nacional.
Guerrero había solicitado cita previa y acudió a la oficina a las 11.30 horas. Una hora después, se personó ante el juzgado de guardia para cumplir uno de los requisitos que le impuso la Audiencia de Navarra para salir en libertad provisional. Su abogado, Jesús Pérez, explicó su cliente fue a comisaría a consultar la caducidad de su pasaporte porque “no quería tener ni el más mínimo problema”. Sin embargo, señaló que su cliente “se presentó en la Policía informando de su situación y si debía hacer algo”, ya que creía que tenía el pasaporte caducado pero “no lo sabía seguro y quería preguntar cómo debía actuar” e “incluso si tenían que quedárselo allí la Policía”. Allí “le informaron de que al estar caducado el pasaporte no tenía que hacer nada”, ha asegurado el abogado, una situación que “se ha puesto en conocimiento del juzgado”.
La Fiscalía cree que el intento del guardia civil de conseguir un pasaporte acredita su propósito de fugarse de España y por ello pidió que se celebre una nueva vista para decidir su reingreso en prisión, de la que salió el viernes.
Antonio Manuel Guerrero y los otros cuatro integrantes de La Manada se encuentran en libertad provisional desde que abonaron la fianza de 6.000 euros que les impuso la Audiencia de Navarra para salir. Los cinco deben comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia.
También tienen prohibido acceder a Madrid, donde reside la víctima, y salir del territorio nacional sin autorización judicial.
Poco antes, la Fiscalía había presentado un recurso de súplica contra el auto de la Audiencia navarra que decretó la puesta en libertad provisional de los cinco miembros de La Manada al apreciar no solo el riesgo de fuga, sino también de reiteración delictiva.
Un riesgo que, en opinión de la fiscalía, “no solo no ha desaparecido, sino que resulta más notorio” ya que, si bien las penas son muy inferiores a las solicitadas, “no es menos cierto que, aun no siendo firme, sí pesa ahora sobre ellos una condena de nueve años de prisión, es decir, una pena grave derivada de un delito grave”.
Además, cuatro de los cinco condenados están siendo investigados por un presunto abuso sexual y contra la intimidad en Pozoblanco, “delitos que, como mínimo, llevan aparejadas penas de uno a tres años de prisión y de dos a cinco años, respectivamente, lo que incrementa el riesgo de sustraerse a la acción de la justicia”.l

Un miembro de La Manada intentó obtener el pasaporte el pasado lunes