El Gobierno prohíbe por ley los despidos objetivos y controlará el posible mal uso de los ERTE

Yolanda Díaz explica las nuevas medidas laborales | borja puig (moncloa)
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El Consejo de Ministros aprobó ayer prohibir por ley el despido por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción, anunció la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que precisó que esta medida se articulará a través de una cláusula que impedirá despedir en un “elenco muy importante de supuestos”.

La ministra explicó que esta prohibición, que está vigente desde ayer y no tendrá efectos retroactivos, se implanta porque ya se dio a las empresas un mecanismo excepcional como son los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) para realizar los ajustes temporales pertinentes durante la crisis sanitaria sin destruir puestos de trabajo.

“Nadie puede aprovecharse de esta crisis para despedir”, enfatizó la ministra, que señaló que las empresas no deben extinguir tampoco contratos temporales, sino interrumpirlos, pues la crisis es sólo un paréntesis que acabará pasando.

La ministra indicó que, al margen de esta prohibición, en caso de impugnaciones ante la Justicia, serán los tribunales los que decidan la procedencia o improcedencia de un despido. “No hay que confundir las causas de un despido con su calificación”, dijo.

Una revisión de oficio

El Consejo de Ministros también aprobó “revisar de oficio” todos los ERTE que se están aprobando estos días de forma que, si a posteriori se observa algún tipo de fraude, se obligará a las empresas a devolver “hasta el último céntimo de euro” del que se hayan beneficiado, incluyendo las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados, subrayó Díaz, que ha añadido que esto hace que no sea necesario endurecer el silencio administrativo.

Todas estas medidas y otras más forman parte de un nuevo bloque de iniciativas “muy ambiciosas” de carácter social que, según ha subrayado la titular de Trabajo, “ahondan en el escudo social” frente a la crisis del Covid-19.

Dentro de este bloque de medidas se ha aprobado además simplificar los ERTE a través de un formulario “muy sencillo” para su envío al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el que las empresas solo tendrán que consignar unos pocos datos (nombre de los trabajadores afectados, DNI, base reguladora de cotización y número de cuenta bancaria), que permitirá el reconocimiento de las prestaciones públicas por desempleo de manera inmediata.

“No tiene sentido despedir cuando el propio Gobierno está permitiendo los ERTE hipersimplificados”, insistió.

Perceptores con hijos

Asimismo, el Gobierno acordó introducir la presunción legal de estar en alta en el desempleo para agilizar la percepción de la prestación. La ministra explicó que de primeras se reconocerá la prestación y, en caso de que el beneficiario tenga hijos, se le pagará el complemento correspondiente (con un hijo la prestación máxima es de 1.254 euros al mes y con dos se superan los 1.400 euros).

La ministra de Trabajo también informó de que el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la posibilidad de que los consejos rectores de los socios cooperativistas puedan presentar ERTE.

El Gobierno prohíbe por ley los despidos objetivos y controlará el posible mal uso de los ERTE