Admitida una demanda colectiva por las cláusulas suelo de Novagalicia

El Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña admitió a trámite la demanda colectiva interpuesta por la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga) por las cláusulas suelo comercializadas por las antiguas cajas gallegas y por Novagalicia antes de mayo de 2013.
El abogado Xoán Antón Pérez Lema explicó ayer que el objetivo de esta demanda es lograr la devolución del dinero abonado indebidamente y que la sentencia del Tribunal Supremo no incluyó en el fallo.
En concreto, el Supremo basaba en el “trastorno económico” que supondría para las entidades financieras y su funcionamiento su decisión de abonar todo lo cobrado a mayores por unas cláusulas declaradas abusivas. En concreto, concluía que no se restituiría aquellas anteriores al 9 de mayo de 2013.
Aunque se está a la espera del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este argumento, Acouga presentó, en diciembre, una demanda colectiva para que los afectados puedan sumarse a la misma. El único requisito será asociarse a esta entidad y pagar una cuantía de 120 euros al año.
El letrado Xoán Antón Pérez Lema manifestó que, por decisión del Juzgado de Primera Instancia número 9 de A Coruña, a instancias de Acouga, Abanca tendrá de plazo hasta mediados de marzo para remitir una carta “a todos los consumidores que pactaron préstamos hipotecarios con cláusulas suelo”.
Entre ellos, estarían créditos con cláusulas suelo suscritos en 1998 y con posterioridad, hasta mayo de 2013. Solo se excluiría el tramo comprendido entre febrero de 2005 y el año 2007 “porque el tipo de interés estaba por debajo del propio tipo de la cláusula suelo”, explicó. El letrado admitió que la demanda colectiva –por la que en abril o mayo podría celebrarse una vista, según estimó–, prosperaría si el Tribunal de Luxemburgo da la razón a los argumentos de que no debe fijarse a partir de mayo de 2013 para abonar las cuantías pagadas de más.
“Si el Tribunal europeo cierra la puerta, esta demanda estaría condenada”, reconoció. Sobre los afectados, dijo que su media de edad rondaría entre los 50 y 68 años, por los años en que fueron suscritos los créditos. Mientras, el portavoz de Acouga, Miguel Quinteiro, lamentó que ninguna formación política plantee en su programa “una reforma del sistema bancario”. “Está claro que eran depredadores”, apostilló sobre el funcionamiento de las entidades financieras.
Además, Acouga presentó una demanda colectiva, también admitida, por la comercialización de preferentes, con la que reclama la devolución de unos dos millones de euros a un centenar de afectados. En este caso, se trata de personas que no se beneficiaron del arbitraje o que no han podido todavía recuperar su dinero.