La defensa de los nueve detenidos el mes de octubre en el marco de la operación “Jaro” –que el Ministerio de Interior identificó como un golpe al “entorno” de Resistencia Galega– avanzó que próximamente pedirá el archivo y sobreseimiento de la causa al entender que “no hay indicios probatorios para continuar con este disparate jurídico”.
Así lo comunicó ayer el letrado Manuel Chao, después de que el noveno de los independentistas gallegos detenidos el 30 de octubre en el marco de la operación “Jaro”, que había sido puesto en libertad por problemas de salud, acudiese a los juzgados de Vigo para declarar por exhorto de la Audiencia Nacional.
El abogado explicó que “de inmediato” cursarán la petición de archivo y sobreseimiento, porque, manifestó, “es un disparate pensar que si no hay ni siquiera una organización armada pueda haber una organización política que la apoya”.
Respecto a la declaración del noveno miembro de Causa Galiza implicado en la operación, Salvador G.C., este afirmó haber respondido a todas las preguntas que se le hicieron, las cuales reveló que versaron sobre su “actividad política desde hace años y cómo viene trabajando el independentismo”.
El hombre apuntó que toda la operación responde a una “persecución política” y negó “cualquier vinculación terrorista”. Así las cosas, señaló que el trabajo de Causa Galiza es “político y nada más”, pero representa, en su opinión, “un trabajo incómodo para el Estado español y para quien manda”.
Salvador G.C., quedó, al igual que los otros ocho detenidos –que habían declarado el 2 de noviembre ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco–, en libertad, aunque investigado por un delito de integración en organización terrorista por formar parte de Causa Galiza y enaltecimiento del terrorismo.
Acerca de la suspensión de actividad de Causa Galiza, decretada por el juez Eloy Velasco, el abogado ratificó que esta decisión fue “anulada por defecto del procedimiento” a partir de un recurso de la defensa.
