El abogado de Puigdemont admite un “error” de traducción en la demanda a Llarena

El actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, junto a su predecesor, Carles Puigdemont | aec
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La demanda del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont presentada en Bélgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contiene un “error” en la traducción, según indicó a Efe su abogado, Gonzalo Boye, que pondrá en conocimiento del juzgado belga esta errata.
Según informaron ayer “El Mundo” y “El Confidencial”, las afirmaciones de Llarena que han motivado la demanda civil presentada por Puigdemont y los exconsellers que se encuentran en Bélgica no han sido traducidas con exactitud en el escrito entregado en el juzgado de Bélgica.
Las declaraciones de Llarena tras participar en un curso en Oviedo fueron: “No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”. En la traducción jurada al francés, esa última frase podría entenderse en un sentido más afirmativo y traducirse como “y sí es lo que se ha producido, hay que hacer una investigación”.

Sin intencionalidad
En declaraciones a Efe, el abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, atribuyó este hecho a “un mero error de traducción” y restó importancia al fallo, ya que no existe ningún tipo de intencionalidad ni cambia el sentido de la demanda. “Por supuesto que es un error”, incidió.
Christophe Marchand, otro de los abogados encargados de la defensa de Puigdemont, negó que exista intención de falsear la traducción. Marchand afirmó desde Bruselas a Efe que se trata de una “traducción jurada”, hecha por profesionales, y que no ha existido ninguna voluntad de cambiar el significado ni los hechos, ni de falsear una traducción.
“No entendemos la polémica. Estoy viendo que se centran en una pequeña frase, pero esas palabras se enmarcan en unas declaraciones más extensas en las que el juez se pronuncia sobre lo que es o no un delito político que él mismo está instruyendo y que es el corazón de este caso”, agregó. Para este letrado es “grave” que en sus declaraciones en Oviedo Llarena definiera lo que es o no un delito político, máxime cuando está instruyendo, y dijo que en Bélgica no podría “imaginar” que un magistrado se pronunciara sobre algo así en televisión “dando su opinión”.
Por su parte, el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Javier Maroto, criticó al Gobierno, en declaraciones a RNE, por no haber detectado este “error” de traducción.
Además, los miembros del Consejo Fiscal representantes de la Asociación de Fiscales, conservadora y mayoritaria en la carrera, quieren que ese órgano tenga acceso a toda la documentación existente sobre la demanda presentada contra el juez Pablo Llarena en Bélgica y los pasos dados para defenderlo.
Los fiscales han dirigido un escrito a la fiscal general del Estado, María José Segarra, en la que la piden que reclame al Ministerio de Justicia toda esa documentación para que el Consejo Fiscal tenga “completo y cabal conocimiento” de las actuaciones llevadas a cabo en defensa de la soberanía jurisdiccional española, la independencia de sus tribunales y la del juez Llarena. En concreto, piden la citación y la demanda, la versión traducida al español, los dictámenes de la Abogacía del Estado y la resolución del Ministerio acordando la defensa de España y de Llarena. l

El abogado de Puigdemont admite un “error” de traducción en la demanda a Llarena