Rubio Llorente tilda de “inexcusable” la reforma de la Constitución en 2016

Las respuestas al anuncio vacacional hecho por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el martes sobre el inicio de la reforma de la Constitución en 2016 no se han hecho esperar. Mientras unos grupos opinan que es totalmente necesaria, los partidos catalanes temen que las modificaciones puedan afectar a la comunidad. De hecho, el expresidente del Consejo de Estado ha remarcado que la Carta Magna precisa de límites a sus competencias. 
El expresidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente se mostró ayer partidario de acometer la reforma de la Constitución en la próxima legislatura y consideró “inexcusable” retocar la organización territorial del Estado y delimitar el poder del documento “con vocación de permanencia”.
Rubio Llorente presidía el Consejo de Estado en 2006, cuando el órgano consultivo –a requerimiento del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero– hizo un informe sobre la posible reforma constitucional en el que ahora se quiere apoyar el Ejecutivo de Mariano Rajoy para abrir ese debate.
“Yo vengo sosteniendo que es necesario reformar la Constitución desde hace no menos de diez años”, apuntó el jurista. A su  juicio hay que afrontar un cambio profundo por el procedimiento fijado en el artículo 168 de la Carta Magna, que prevé la disolución de las Cortes y la convocatoria de un referéndum.
Rubio Llorente es consciente de que el procedimiento requiere el acuerdo y ayer planteó que someter a consulta cambios para suprimir la preferencia del hombre en la sucesión en la Corona puede interpretarse “por algunos” como un referéndum sobre la monarquía. En cualquier caso, ese “problema político” es “un riesgo” que no debería frenar la reforma.
Para el principal responsable del informe del año 2006, el cambio sobre la Corona no es urgente por la ausencia de un heredero varón, pero es una cuestión que “desde el punto de vista simbólico convendría acometer”.
Lo verdaderamente “inexcusable” en la reforma son dos asuntos: la organización territorial del Estado y la inserción de España en la Unión Europea, “mucho más difícil el primero de ellos que el segundo”.
Solicitó que “de una santa vez” se termine con el denominado principio dispositivo heredado de 1931 y que se traduce en que la organización territorial del Estado, es decir la delimitación, es “un asunto permanentemente abierto”.
El expresidente del Consejo de Estado apuntó que el problema está en cómo se hace esa delimitación de competencias “con vocación de permanencia” para sustraerla al juego de los partidos, lo cual remite a “la otra gran cuestión que está pendiente en España desde el siglo XIX”, lo que ahora se llama “simetría o asimetría”.
Para Rubio Llorente, “es evidente que no todas las partes de España tienen la misma vocación de autonomía, que para muchas partes de España la autonomía fue una especie de cosa que les cayó del cielo sin que lo desearan mucho en 1978, en tanto que otras partes de España ya tienen una vocación autonómica arraigada y enraizada”.

“incapacitado”
Precisamente al hilo de esa vocación, el presidente de Ciudadanos (C’s), Albert Rivera, instó a Mariano Rajoy a “reforzar la democracia, en lugar de blindar la partitocracia”, en relación con la propuesta de reforma, una cuestión sobre la que lamentó que el PSOE busque generar “más privilegios territoriales”.
“El gobierno de Rajoy ha tenido cuatro años de mayoría absoluta y sin embargo se ha dedicado a ir en dirección contraria a lo que necesita España. Lo que España necesita es una democracia más fuerte y no una partitocracia decadente”, señaló.
En su opinión, “el gobierno de Rajoy está incapacitado para liderar una nueva etapa política de reformas profundas en nuestra democracia”. Además, “pretende hacer un cambio en la ley electoral para que los votos no valgan igual y beneficien a los intereses de su partido”, subrayó.
Así lo acusó de “intentar maquillar la voluntad de blindar la decadencia del sistema democrático español”. De igual forma lamentó que el PSOE piense que “si hay que reformar la Constitución es para conceder privilegios territoriales a los partidos nacionalistas”.