Campo reduce a un “trámite procesal” el informe de los fiscales sobre los indultos

Juan Carlos Campo comparece en la comisión de Justicia | aec
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, declaró ayer que el informe de la Fiscalía en el que se opone a los indultos parciales o totales a los condenados en el juicio del procés es un “trámite procesal” y evitó dar su opinión sobre el contenido de este documento.

A preguntas de los periodistas tras su visita a la Diputación de Cádiz, Campo recordó que él “desde el minuto uno en que llegué al cargo avisé de que no me iba a pronunciar nunca sobre procedimientos judiciales abiertos”.

Explicó que el Ministerio de Justicia “hizo lo que tenía que hacer” para la petición del “derecho de gracia” a los líderes independentistas condenados, en una medida que conllevaba que diferentes partes presentasen informes sobre la idoneidad o no de esos indultos.

“El tribunal solicitó varios informes, la Fiscalía ha intervenido, cada uno tendrá su valoración y lo que se ha cumplido es un trámite procesal”, detalló.  Campo recordó que también tienen que presentar esos informes instituciones penitenciarias, perjudicados y el tribunal sentenciador.

Por su parte, a expresidenta del Parlament Carme Forcadell considera que la fiscalía “está muy politizada” y, sobre la posibilidad de que el Gobierno apruebe su indulto pese a los informes negativos de los fiscales, afirma que lo aceptaría, si bien ella sigue defendiendo una amnistía.

En declaraciones a SER-Catalunya, Forcadell se mostró muy crítica con los informes de la fiscalía contrarios a los indultos de los presos independentistas y, desde la prisión de Wad-Ras de Barcelona, donde sigue cumpliendo condena por sedición, apunta que cuando el Tribunal Supremo le suspendió el tercer grado penitenciario ya sabía que esto ocurriría.

Forcadell cree que es víctima “de una injusticia”, y sobre las circunstancias por las que fueron condenados ella y el resto de presos independentistas, explica que sus compañeros “cumplieron un programa electoral”, mientras que ella se limitó a defender “la libertad de expresión y la soberanía del Parlament”.

Una visión opuesta a la del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien defendió ayer el “rigor” con el que actúa la Fiscalía del Tribunal Supremo. A su juicio, los fiscales están es utilizando el ordenamiento jurídico español y el principio de

igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

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