El ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, defendió ayer el veto del Gobierno a que el Congreso tramite una iniciativa del Parlamento gallego para traspasar a la Xunta la titularidad de la AP-9 asegurando que no se incurre en una “discriminación” hacia la comunidad y recalcando que el Ejecutivo impidió el debate porque supondría un incremento presupuestario de 4.000 millones de euros.
De la Serna respondió así, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, a las críticas de la diputada de En Marea Alexandra Fernández, que acusó al Gobierno de formar junto a Audasa un “tándem del expolio”.
El titular de Fomento defendió que de acuerdo a la Constitución se vota a favor de que una carretera de la red estatal siga perteneciendo al Estado, y afirmó que iniciativas como la transferencia de la titularidad de la AP-9 deben tener la “garantía” de que son “viables” desde el punto de vista presupuestario y no contravenir la Constitución ni el reglamento de la Cámara. El pasado año, todo el Parlamento gallego aprobó por unanimidad una proposición de ley para debatir en el Congreso la transferencia de la AP-9, ante lo cual el Gobierno ejerció su capacidad de veto.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, consideró que el anuncio del ministro de Fomento revela el “fracaso” del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en su “supuesta estrategia” de “defensa de los intereses de Galicia”.
Mientras, el viceportavoz de En Marea en el Parlamento gallego, Antón Sánchez, lamentó estar “gobernados por trileros y mentirosos” después de la intervención de De la Serna. Sánchez aseveró que es “totalmente falso” uno de los argumentos que utilizó el ministro, Íñigo de la Serna, al aludir a un coste del rescate valorado en unos 4.000 millones de euros. A su juicio, “volvió a faltar al respeto a los gallegos” en su respuesta.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, consideró, por su lado, que el veto se hace con “la complicidad” del presidente de la Xunta. Asimismo, y ante la subida de los peajes prevista mientras continúan las obras, la dirigente nacionalista exigió que se reúna la comisión bilateral Gobierno-Xunta. Así, censuró la “enésima tomadura de pelo a los gallegos”, en referencia a que siga habiendo obras en el puente de Rande, cuya ampliación fue inaugurada por el propio presidente del Gobierno en la pasada Navidad.
Por otra parte, la comisión de Hacienda en el Congreso aprobó la proposición no de ley de En Marea para eliminar los privilegios fiscales de empresas concesionarias de autopistas que gozan de una exención del 95% del pago del impuesto de bienes y sucesiones en virtud de una ley vigente desde el franquismo.
