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jueves | 25 abril | 2024
Turno de los peritos en el proceso sobre As Torres de Meirás. En sus comparecencias los expertos coincidieron en su rechazo a que el inmueble se entregase a título particular a Francisco Franco. ”La diferencia entre Franco y el Estado es cero o prácticamente cero”, sostuvo el profesor de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago Emilio Grandío.
En la vista, y en respuesta a las interpelaciones de los abogados de los demandados, también pusieron en cuestión que esté acreditado que el dictador pagase el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una condición de contribuyente que, entre otras, según sostiene la parte demandante, supondría un “reconocimiento” al derecho de la propiedad por parte de Francisco Franco.
En este sentido, el catedrático de Derecho Civil de la Universidade da Coruña (UDC) José Manuel Busto, miembro de la comisión de expertos que elaboró un informe, aportado por la Xunta con su personamiento y por la Administración del Estado, consideró que, de acuerdo con la documentación existente, está acreditado que a Francisco Franco “le giraban el IBI”, pero no confirma “quién lo pagó”, respondió Busto, que declaró de último, en respuesta al letrado de los Franco.
Este, por su parte, apeló al pago de este impuesto o a los rendimientos de la explotación agropecuaria que existió en Meirás para defender que el pazo se entregó a dictador a título particular y no como jefe del Estado.
Así, sobre el pergamino del año 1938 por el que la Junta pro Pazo dona el inmueble, este testigo perito rechazó que se identifique como destinatario a Franco como “persona física” y aludió a la inclusión de términos como “el fundador del nuevo imperio, jefe del Estado, generalísimo de los ejércitos”, incluidos en el documento y recogidos en la prensa de la época, meses antes de que acabara la Guerra Civil.
“Matices”
En esta cuestión, el profesor Emilio Grandío, vocal de la comisión de expertos, anotó también la inclusión del término “excelentísimo” en la póliza de seguro del inmueble que pagaba, según la parte demandante, Franco.
“Un matiz importantísimo”, indicó en una declaración en la que indicó que entonces “la diferencia entre Franco y el Estado es cero o prácticamente cero” porque “¿quién le iba a decir a Franco que no se gestione sus cuestiones privadas?”, expuso Grandío.
Mientras, el abogado de los herederos de Franco, Luis Felipe Utrera Molina, volvió a advertir de que el Estado está “cayendo en la tentación de politizar un asunto que es meramente jurídico”, ya que “aquí no se trata de discutir si Franco era bueno, malo o regular”, reiteró antes de entrar a la visya, en el Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña.
Utrera Molina, uno de los letrados que defienden a los nietos de Francisco Franco insistió en que el juicio “es una discusión sobre el derecho de propiedad” de As Torres de Meirás l
