Maza consultó a seis fiscales jefe sobre el caso del presidente de Murcia

El presidente de la comunidad murciana, Pedro Antonio Sánchez ep
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El informe de la Fiscalía Anticorrupción contrario a investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con la trama “Púnica” siguió los criterios establecidos en sendos informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, según informaron fuentes fiscales, que niegan que pueda hablarse de una imposición del fiscal general, José Manuel Maza.

Anticorrupción consultó antes de la emisión de su informe a Maza en cumplimiento del artículo 25 del Estatuto Fiscal, que obliga a los miembros de la Carrera a poner en su conocimiento “hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer”.

Teniendo en cuenta la existencia de aforados en la pieza abierta en la Audiencia Nacional –en la que se investiga también a la senadora del PP Pilar Barreiro–, Maza actuó como han venido haciendo sus predecesores en casos similares y consultó su criterio sobre este caso tanto con la Secretaría General Técnica como con los fiscales de Sala del Supremo. Todos ellos se posicionaron en contra de la elevación de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para investigar la la posible comisión de fraude, cohecho y revelación de información reservada por parte de Pedro Antonio Sánchez en relación con contratos para mejorar su reputación “on line”.

Los criterios adoptados por estos seis fiscales de Sala, que coinciden con los del propio Maza, fueron los vertidos por la fiscal jefe Anticorrupción en funciones Belén Suárez y remitida al Juzgado Central de Instrucción número 6. Fuentes cercanas al caso señalaron que las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez sí veían motivos para imputar a Sánchez.

En el informe presentado, sin embargo, se argumenta que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama no llegaron a formalizarse, que dicha falta de ejecución supone la inexistencia de delito. Además, los hechos se produjeron antes de la última reforma penal que sanciona la proposición y conspiración para la comisión de delitos contra la Administración Pública.

Por otra parte, las mismas fuentes señalaron que el fiscal general se pondrá a disposición del Congreso de los Diputados en el caso de que el PSOE, tal y como anunció, pida su comparecencia para que explique si hubo “injerencias políticas” detrás del informe.

Distinta valoración le mereció a la Fiscalía la conducta de la otra aforada incluida por Velasco en el auto por el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia, la senadora y ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro. Considera el informe que en este caso sí se debe elevar la investigación.

Maza consultó a seis fiscales jefe sobre el caso del presidente de Murcia