El presidente ejecutivo de Novagalicia Banco, José María Castellano, anunció ayer que las autoridades competentes, tanto europeas como el Banco de España, han autorizado a la entidad a solucionar mediante el procedimiento de arbitraje el problema de los clientes afectados por las participaciones preferentes, por lo que espera una solución “inmediata”.
Castellano hizo este anuncio tras reunirse junto con el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien le comunicaron esta decisión, ya que la administración competente sobre el arbitraje en Galicia es la Xunta. Según los cálculos de las plataformas afectadas, en Novagalicia Banco habría unas 43.000 personas afectadas por las participaciones preferentes.
El máximo dirigente de Novagalicia Banco señaló que la solución a los clientes afectados va a ser “bastante inmediata”, una vez que la entidad ha recibido autorización para acudir al procedimiento de arbitraje para solucionar el problema.
La reunión no estaba anunciada en la agenda pública del presidente gallego, que llegó de un viaje oficial tras varios días por Suramérica para buscar oportunidades de negocio para las empresas gallegas.
El encuentro trascendió por la llegada de Castellano y posteriormente González-Bueno a la sede del Gobierno gallego, en donde Núñez Feijóo mantenía una reunión anunciada en la agenda con su conselleiro de Economía, Javier Guerra, y el presidente de la empresa coruñesa Iceacsa.
La reunión duró una hora y media aproximadamente y al término, Castellano, acompañado por González-Bueno, realizó una escueta declaración en la que indicó que el motivo de su presencia en la sede del Gobierno autonómico era comunicarle al presidente gallego la autorización recibida por la entidad para resolver mediante arbitraje el problema a los clientes afectados por las preferentes.
condiciones
A partir de aquí, se podría encontrar solución a un problema que se vería agravado por las condiciones del rescate europeo a la banca española.
Según el memorándum, las entidades socorridas no podrán repartir dividendos y tendrán que limitar la remuneración de los ejecutivos y miembros de los consejos de administración, en tanto que los accionistas y titulares de híbridos y de deuda subordinada –como son las preferentes– tendrán que asumir una parte de las pérdidas.
Por su parte, el diputado del PSOE y exministro de Trabajo Valeriano Gómez abogó ayer por que el Estado asuma las pérdidas procedentes de las participaciones preferentes que no puedan ser cubiertas por las entidades rescatadas.
Con estas declaraciones, Gómez se alinea con la propuesta del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, partidario del apoyo de las comunidades para resarcir el daño de las preferentes. n
