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viernes | 19 abril | 2024
La Xunta enviará un escrito al Ministerio de Industria para solicitar que realice una auditoría al Grupo Riesgo, el actual dueño de la planta de Alu Ibérica, y que compruebe si está cumpliendo con los términos del acuerdo al que llegó en su día el Gobierno central para que Alcoa vendiera la fábrica a Parter Capital el año pasado. Este, a su vez, lo vendió por sorpresa al Grupo Riesgo (por lo menos un 75%, puesto que retuvo un 25% de las acciones) ante la indignación de los trabajadores. “O noso principal obxectivo é o mantemento do emprego”, aseguró el concelleiro de Emprego.
Es lo máximo que ha conseguido arrancar el comité de empresa a la Xunta después de una reunión de tres horas a la que asistió, además de Conde, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. y el director xeral de Enerxía, Angel Bernardo Tahoces. Como señaló el conselleiro de Industria, el acuerdo fue tutelado desde Madrid, y consideran que son los responsables de asegurarse de que se lleve a cabo: “Houbo un compromiso do Goberno para dar unha solución integral, tanto na planta da Coruña como a de Avilés, e polo tanto é o Goberno central o que ten a leximitidade para exigir esa auditoría”.
El propio Conde confesó que no disponen del contenido de ese acuerdo de compraventa y por eso, “non podemos pronunciarnos si houbo ou non un incumprimento”. El Grupo Riesgo trasladó a la Xunta cuáles son sus objetivos financieros e industriales pero, como destacó el conselleiro, “non trasladou garantías desde o punto de vista financiero”. Para Conde, cualquier compromiso hay que trasladarlo a la mesa industrial, donde están todas las partes (el Gobierno, la Xunta, el Principado, y los comités de empresa).
“Moi perigosa”
Pero no es la primera vez que los trabajadores exigen al Gobierno que mueva ficha, sin ningún resultado de momento. A Juan Carlos Corbacho, presidente del comité de empresa, no se le veía especialmente satisfecho tras salir de sala de conferencias. Reconoció que durante la reunión con la Xunta “debatemos bastante porque a situación na planta é bastante crítica. É moi perigosa e querémola solucionar”.
Por supuesto, el problema de fondo es el alto precio de la energía eléctrica, que convierte la fabricación de aluminio en un negocio ruinoso y que obliga a Alu Ibérica a mantener sus hornos hibernados a la espera de poder arrancarlos. Pero en el caso de Alu Ibérica se añade lo que Corbacho denominó “un problema empresarial” que es, básicamente, que no confían en el proyecto Grupo Riesgo, al que acusan de no llevar a cabo las inversiones necesarias en la planta.
En su intervención, Conde aseguró que comparten una visión y un objetivo común, la defensa de los 370 puestos de trabajo que supone la fábrica de aluminios de la carretera de Baños de Arteixo. Pero incluso si todo fuera tan bien como fuera deseable y el Gobierno obligara al Grupo Riesgo a someterse a una auditoría y esta probara que todo está en orden, se habría perdido demasiado tiempo. El acuerdo entre Alcoa y Parter Capital solo garantizaba el empleo por dos años, y ya ha pasado uno. Por eso Corbacho quiere que se retrotraiga todo el proceso al “kilómetro cero”. Es decir, que se vuelva a empezar.
Eso es lo más urgente, pero Conde quiere trasladar al Gobierno la necesidad de una auditoría y el diálogo social de que pueda encontrarse un acuerdo entre sindicatos y Gobierno para garantizar un futuro para las industrias electrointensivas. Un precio eléctrico competitivo, estable, como se viene reclamando desde hace año y medio.
