Las administraciones se coordinan para evitar pederastas en los colegios

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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las comunidades acordaron ayer actuar de forma “firme y coordinada” para evitar que las personas con condena firme por delitos sexuales trabajen en los centros escolares con el fin de “garantizar la protección de los menores y de dar tranquilidad a las familias”.
Durante la Conferencia General de Educación, los responsables de este área a nivel nacional y autonómico abordaron el modo de dar cumplimiento lo antes posible a lo estipulado por la Ley de Protección Jurídica del Menor de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en vigor desde el  18 de agosto de 2015, que obliga a las personas que vayan a realizar actividades que impliquen el contacto habitual con menores acreditar que no fueron condenados por pederastia.

registro de delincuentes
Esta modificación legal afecta al personal docente, el que presta servicios complementarios de transporte, de asistencia en el comedor, cuidado de menores en los centros docentes fuera del horario lectivo o las personas que realizan actividades extraescolares.
Todas las personas que pretendan ejercer estas actividades deberán aportar a los responsables de la administración educativa local, antes del inicio de su relación estatutaria o laboral, una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

extranjeros
Si fueran de origen extranjero o tuvieran otra nacionalidad, además deberán aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes.
Además, los responsables de las administraciones educativas, de conformidad con el artículo 56.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, promoverán la inclusión de la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales y, en su caso, de un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde es nacional, como requisito de participación en los procesos selectivos de personal que pueda ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores.

Las administraciones se coordinan para evitar pederastas en los colegios