Oleiros ocupa la gasolinera de Santa Cruz con el caso todavía en el juzgado

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“El juzgado todavía tiene que resolver sobre las medidas cautelares”, explicaba ayer Fernando Martínez, abogado de los propietarios y trabajadores de la gasolinera de Santa Cruz. El letrado no ocultaba su extrañeza porque el Ayuntamiento oleirense decidiese ocupar el solar, a pesar de que no hay una resolución judicial en firme.
Allí acudieron la concejala María José Varela y una funcionaria. Junto a ellas, los operarios municipales que se encargaron de precintar los surtidores. Una acción que provocó la indignación y la impotencia de trabajadores y algunos vecinos que se acercaron hasta el lugar.
“Cómo pueden venir aquí sin orden judicial. Me quitan mi puesto de trabajo y el juez lo tiene parado”, espetaba una de las afectadas a la edil. Junta a esta empleada, otras tres personas también se quedan en el paro. “Esta es la realidad inmediata”, apuntaba el letrado.
Hubo momentos de tensión, en los que Varela aguantó el tipo como pudo. “Ningún de vostedes pode dicir que non sabía o que ocorría”, aseveró la concejala. La respuesta fue clara y contundente: “Estades fodendo a catro familias do concello de Oleiros”. “Tiña que vir Gelo a dar a cara, non vós”.
Media hora después de tensión, llegó el momento de rubricar el acta de lo que había acontecido. Sin embargo, los propietarios “no han firmado”, indicó a continuación el abogado de los afectados.

Recurso
A juicio de Martínez, lo que ayer ocurrió es “lo suficientemente grave y lesivo” para iniciar acciones legales. Sin embargo, el letrado no quiso aventurar los pasos que iban a seguir ya que, indicó, primero tenía que hablar con sus representados.
Explicó que existen dos procedimientos judiciales. El primero, es la revocación de la licencia de actividad que “está suspendida de forma cautelar”. 
En segundo lugar, en vísperas de Nochebuena, el Ayuntamiento envió la notificación de que se aprobaba el expediente de expropiación. El dueño del terreno decide alegar y el Gobierno local dice que no ha lugar a estas objeciones. Entonces, continuó Martínez, los trabajadores y el propietario recurren por la vía del contencioso, porque el Ayuntamiento solo dio margen “para ir al juzgado”.
En ese momento, la parte afectada solicitó al juzgado medidas cautelarísimas, pero el magistrado consideró que no correspondía, “pero sí las cautelares de suspensión” de la ocupación hasta que se resuelva sobre las mismas, un proceso que suele tardar unos dos o tres meses.
“Yo no digo que algún día el Ayuntamiento pueda expropiar, pero no pueden saltarse las leyes y no respetar las sentencias”, enfatizó Martínez. A mayores, incidió en la “gravedad” de lo ocurrido, así como en las “consecuencias evidentes” de la acción del Gobierno local: cese de actividad, y que “mañana, cuatro trabajadores se quedan en sus casas”.
Uno de los puntos en los que insistió la parte municipal fue que no había un acuerdo entre las partes para renovar el contrato de alquiler. Sobre esto, el abogado apuntó dos cuestiones: las conversaciones entre las partes y que se trata de un tema “entre arrendador y arrendatario, por lo que el Ayuntamiento no puede alegarlo”.

Oleiros ocupa la gasolinera de Santa Cruz con el caso todavía en el juzgado