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jueves | 18 abril | 2024
La impunidad con la que la sentencia por la catástrofe del “Prestige” cerró 10 años de instrucción y nueve meses de juicio oral podría desvanecerse en este 2014 que entra, gracias a los recursos que Gobiernos, Fiscalía y ecologistas anunciaron contra este fallo que también despertó indignación y protesta social.
La Audiencia Provincial de A Coruña hizo público el pasado 13 de noviembre el fallo por el que absolvió a los tres acusados, el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el capitán del barco, Apostolos Mangouras, de los delitos contra el medio ambiente, y solo condenó a este último a nueve meses de prisión por desobediencia.
Además, eximió de responsabilidad a la Administración, al entender que no provocó la tragedia sino que intentó solucionarla y evitar daños.
La marea negra causada por el hundimiento del petrolero –63.000 toneladas de fuel vertidas– afectó a 2.980 kilómetros de costa, a 1.137 playas, 450.000 metros cuadrados de roca se impregnaron de chapapote, 526 toneladas de fuel se depositaron en los fondos de la plataforma continental, y hubo una mortalidad estimada de 115.000 a 230.000 aves marinas, entre otras graves afecciones. La Fiscalía cifró en más de 4.300 millones las pérdidas provocadas por el accidente.
Reproches al fallo
Las reacciones a la sentencia no tardaron en llegar de la mano de políticos, expertos juristas y los ciudadanos, que coincidieron en sus respectivos foros en reprochar al fallo la ausencia de responsabilidades por la mayor catástrofe medioambiental de la historia de Galicia.
En la cuenta atrás para recurrir esta sentencia, que mantuvo el plazo abierto hasta final de año, tanto el Gobierno central, como la Xunta, la Fiscalía y las plataformas ecologistas “Arco Iris” primero y “Nunca Máis” después, anunciaron que acudirían al Tribunal Supremo por considerar que existió un delito ecológico y por ello responsabilidades civiles, pero también penales.
El recurso del Gobierno central se fundamentó en que la condena debe incluir la responsabilidad civil e indemnizaciones, por lo que iniciará además todos los “procesos paralelos” necesarios en este sentido.
El Gobierno francés va un poco más allá al plantear un recurso ante la Justicia española en el que aspira a que se reconozca la existencia de una “infracción penal de atentado contra el medio ambiente en razón de los actos cometidos por el capitán” y en el que pretende contestar las conclusiones del tribunal de A Coruña en términos de responsabilidades civiles.
Más de 250 municipios costeros franceses se vieron afectados por la marea negra provocada por el vertido del viejo petrolero, lo que provocó daños valorados en 109,7 millones de euros.
La Fiscalía de A Coruña también recurrirá la sentencia porque “no satisface las peticiones y las tesis mantenidas” durante el juicio celebrado en esta ciudad, “no extiende sus consecuencias a los efectos de la catástrofe ecológica” y “entiende pertinente sostener que el reproche penal alcance al delito ecológico”.
La Xunta anunció también un recurso de casación ante el Supremo porque, según Alberto Núñez Feijóo, “no podíamos estar satisfechos por la falta de responsabilidad económica de la sentencia”. Lo mismo hicieron “Arco Iris” y “Nunca Máis”, que se mostraron dispuestas a llegar a Estrasburgo para hacer justicia.
También se apuntó la posibilidad de la vía civil, a la que accederían los afectados que no cobraron los anticipos del Estado en concepto de indemnización por los daños del “Prestige”.
