El Gobierno mantiene la agenda reformista para impulsar la actividad y el empleo

El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert (d), junto a la ministra de Empleo, Fátima Báñez (c), y el de Industria, José Manuel Soria (i), durante una sesión de control al Gobierno. EFE/Archivo
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El saneamiento fiscal, el restablecimiento del crédito, el fomento de la competitividad, la lucha contra el desempleo y la exclusión social, y la modernización de las Administraciones Públicas son los ejes del Programa Nacional de Reformas de 2014 remitido por el Gobierno a Bruselas.

El plan, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, tiene como principal novedad la ya anunciada reforma fiscal, cuya finalidad es simplificar el sistema tributario, mejorar la eficiencia de los impuestos y estimular el crecimiento económico y la creación de empleo.

Aunque la reforma tendrá un impacto negativo sobre la recaudación de más de 5.000 millones de euros netos en 2015 y 2016, el Ejecutivo prevé que la rebaja de impuestos sea compatible con el mantenimiento de unos ingresos tributarios de entorno al 38 o 39 % del PIB.

Para reactivar el crédito se aprobará la ley de fomento de la financiación empresarial, que impulsará fórmulas alternativas al crédito bancario, se mejorará la regulación de las entidades de capital riesgo, se reformará el marco regulatorio de las garantías mobiliarias y se adaptará el derecho español al nuevo marco de Basilea II.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que también se dará mayor viabilidad de las empresas mejorando el marco legal para que los acuerdos de refinanciación se puedan producir no sólo en la etapa del preconcurso, sino también durante el concurso de acreedores.

Asimismo, ha hecho referencia a los 24.000 millones para préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Para mejorar el crecimiento y la competitividad se continuará el proceso de adaptación a la ley de garantía de la unidad de mercado, respecto a lo que se ha detectado la necesidad de adecuar más de 2.700 normas.

También se prevé la puesta en marcha de un plan de lucha contra el incumplimiento de los plazos administrativos que afectan a empresas y ciudadanos, la reforma de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para aumentar su capacidad reguladora, inspectora y sancionadora, y la reforma del sistema de formación para el empleo.

Esta última llega después de los casos de fraude surgidos en torno a los cursos de formación, por lo que tendrá como principales metas aumentar la transparencia y la eficiencia de los recursos empleados, fomentar la libre concurrencia y establecer controles de calidad, según ha dicho la vicepresidenta.

En el apartado de la lucha contra el desempleo se adoptará la estrategia española de activación para el empleo y se pondrá en marcha la garantía juvenil europea, dotada con 1.887 millones de fondos europeos para 2014 y 2015, y que supone que todos los menores de 25 años reciban una oferta de empleo, de formación o unas prácticas en un máximo de 4 meses tras acabar la educación formal o quedar desempleados.

Además, se adoptaran medidas para combatir la pobreza y la exclusión social promoviendo la inserción laboral entre los colectivos con más dificultades para acceder a un empleo y se aprobará un plan de acción para la inclusión social y para las personas sin hogar, en tanto que se presentará la ley del tercer sector de acción social y se reformará la del voluntariado.

En el ámbito de la modernización de las administraciones públicas se sacará adelante un nuevo marco jurídico para las administración, se mejorará la eficiencia de la Tesorería del Estado, se dará una mayor movilidad a los empleados públicos y se avanzará en los planes de regeneración democrática.

El Gobierno mantiene la agenda reformista para impulsar la actividad y el empleo