La etarra Del Río recurre para que su indemnización no vaya a las víctimas

11 julio 2012 página 32 MADRID, 10/07/2012.- Fotografía de archivo (25/10/2006) de la presa etarra Inés del Río, a la que el Gobierno no dejará en libertad, según ha avanzado hoy el ministro del Interior, Jorge Fe
|

La defensa de la etarra Inés del Río ha recurrido en súplica al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la negativa de este tribunal de darle la indemnización de 30.000 euros fijada por permanecer cinco años más en prisión, para destinar el dinero al pago de indemnizaciones a las víctimas.
Según informaron fuentes jurídicas, Del Río se mostró así en desacuerdo con la decisión del propio pleno de lo Penal, que decretó, el mismo día que la excarceló en cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, que se destinaría el dinero de la indemnización a las víctimas.
Los 17 magistrados que componen el pleno –que preside Fernando Grande-Marlaska– adoptaron esta decisión el pasado día 22 al entender que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declarando ilegal la doctrina Parot “es clara y concluyente”.
Del Río se encontraba así irregularmente en prisión desde el 3 de julio de 2008, ya que con la aplicación de la doctrina Parot se había establecido su excarcelación para 2017. De esta manera, la etarra ha permanecido encarcelada 26 años y 3 meses.
Por otra parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se comprometió ayer a buscar una fórmula que impida que los etarras y delincuentes más peligrosos que puedan ser excarcelados en cumplimiento de la derogación de la doctrina Parot cobren un subsidio estipulado por ley.
Fernández Díaz respondió así en el Congreso a la interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien pidió que de forma urgente se modifique la normativa para que etarras como Inés del Río puedan beneficiarse de esa prestación.

consenso
El ministro se comprometió a buscar el mayor consenso posible en el plazo de tres semanas, a la vez que se mostró dispuesto a estudiar mecanismos legales para evitar que los etarras excarcelados puedan recurrir el bloqueo de las indemnizaciones a las que tienen derecho cuando se alarga su estancia en la cárcel.
La Ley de Seguridad Social de 1994 establece el derecho a cobrar el subsidio de desempleo a quienes hayan sido excarcelados y no tengan derecho a la prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad haya sido por un tiempo superior a seis meses.
El recluso deberá además carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
Un derecho que, en opinión de Díez, supone un “atropello, tropelía y sarcasmo” hacia el Estado de derecho que beneficiará a quienes han atacado la democracia.
“Evitemos no solo que se rían y celebren sus excarcelaciones sino que se rían de todos cuando salgan de las cárceles”, destacó la diputada de UPyD, antes de reiterar que la modificación sobre esas ayudas no afecten a reclusos que salen de prisión y las necesitan.

La etarra Del Río recurre para que su indemnización no vaya a las víctimas