Alternativa rechaza la venta de la Casa do Arxentino para pagar la deuda por Casa Sara

Alternativa rechaza la venta de la Casa do Arxentino para pagar la deuda por Casa Sara

Alternativa dos Veciños rechazó ayer una propuesta formulada por el grupo municipal del Partido Popular de Oleiros para que el gobierno local ponga a la venta el edificio de Mera conocido como Casa do Arxentino, para satisfacer la deuda que el Ayuntamiento mantiene por la urbanización de Casa Sara, de Santa Cristina.

Esta iniciativa fue presentada por el PP durante la sesión plenaria celebrada ayer, por haber sido aplazada por la celebración de la huelga del pasado jueves, 29.

Sin embargo, la moción no llegó a ser debatida porque Alternativa rechazó la urgencia de la moción. Cabe recordar que el PP denunció que el concesionario de la Casa do Arxentino adeuda dos años de facturas de suministro eléctrico y de gas, por un importe total de 31.763,50 euros.

El portavoz del PP, Andrés Delgado, criticó en su momento el “trato de favor” del Ayuntamiento respecto al concesionario de la Casa do Arxentino porque en 2010, tras una demora en el pago, decidió darle una segunda y última oportunidad pero el mes pasado le dio otra después de llevar un año sin cobrar el canon mensual por la explotación del restaurante y el hotel de tres estrellas.

Delgado declaró que el alcalde emitió un decreto el 12 de enero de este año en el que acordó resolver el contrato de arrendamiento y explotación de la Casa do Arxentino con Turcividanes, que fue firmado en mayo de 2008 y que vencía en mayo de 2023, por la deuda de 33.493,85 euros que tenía con el Ayuntamiento por el canon de 2011.

En este decreto el alcalde ordenaba a la empresa abandonar el inmueble y dejarlo libre el 31 de diciembre, además de incautar la garantía que constituyó el concesionario en su día por valor de 36.800 euros.

El último día de plazo, cuando el adjudicatario debía abandonar el inmueble por impago, el 31 de enero, este acudió al Ayuntamiento y abonó toda la deuda de 2011. Ese día también se firmó un convenio mediante el que el gobierno local anulaba el acuerdo de incautación.

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