El presunto fraude de los cursos de formación supera los dos millones

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El hilo de la madeja que está desenmarañando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el presunto fraude en los cursos subvencionados que habría cometido el empresario Gerardo Crespo es largo y uno de sus afluentes conecta su grupo, Azetanet, con la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), del que es presidente el hostelero Eliseo Calviño. Durante cuatro años, de 2005 a 2009, Caype consiguió de la Fundación Tripartita, un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, cinco millones de euros para destinarlos a cursos de formación. Como la confederación no tenía medios para dar esos cursos, recurrió a Azetanet para que lo hiciera. Ahora, las autoridades investigan tanto a esta organización como a la asesoría y Trabajo le reclama cerca de dos millones de euros de subvenciones cuyo destino no se ha justificado.

En realidad, los cursos tienen que ser impartidos por entidades sin ánimo de lucro, dado que se trata de subvenciones y se supone que no se debe devengar beneficios. Es por eso que Crespo canalizó las ayudas a través de dos de estas entidades de las que él es presidente: la Fundación para el Desarrollo de Fondos de la Formación y Empleabilidad (Fundefo) y la Asociación de Empresarios Discapacitados (AED). Gracias a ellas, Azetanet pudo gestionar el 95% de los fondos para formación que captó Caype.

Como el propio Calviño admite, el 20% de los fondos que se reciben se destina a “gastos de gestión”. El resto, un 80%, es lo que se invierte en formación, que recibían autónomos y parados, aunque el primer colectivo excede con mucho al último. Cada persona que acude a un curso o a un taller debe ser identificada para que conste en los registros. Sin embargo, desde hace tiempo atrás, aún antes de que la Policía Nacional tomara cartas en el asunto, Trabajo ya había empezado a reclamar la justificación de cursos y asistentes que Caype fue incapaz de demostrar que había realizado. Un indicio de ello es que tanto a Calviño como a Crespo se les había restringido el acceso las subvenciones públicas desde hace por lo menos dos años, no solo de la Fundación Tripartita, sino de la Xunta.

 

Dos años > Calviño asegura ahora que de la Xunta ha recibido “siempre muy poquita cosa”. En cuanto a la disminución de fondos provenientes de la Fundación Tripartita, el hostelero lo achaca a “un contencioso administrativo motivado por una decisión política”, mientras que su socio se lamentó de que “tras 25 años dando cursos, en los últimos dos no nos han dejado trabajar a gusto. No ganamos para disgustos”. Crespo consiguió reactivar el flujo de subvenciones de la Xunta recurriendo a su abogado, pero Traballo envió el expediente a la asesoría jurídica, que decidió transmitirla a la Fiscalía, que dirige la investigación de la UDEF.

En cuanto a Calviño, las denuncias contra él se remontan por lo menos a diciembre del año pasado, aunque antes ya el Ministerio de Trabajo había detectado irregularidades: obligó a Caype a reintegrar 170.886 euros correspondientes a la convocatoria 2007-2008 de formación debido al desfase entre las cifras previstas y las que realmente se dieron.

En este punto, Calviño rompió una lanza a favor de Crespo aunque reconoció que fue “una sorpresa tremenda” para él enterarse de la investigación policial que pesaba sobre su persona. Según él, no pudo producirse ninguna de las graves irregularidades que se le atribuyen porque “todo se hizo por transferencias” y se hicieron inspecciones por sorpresa. No niega que haya podido producirse algún error, pero “independientemente de los fallos, que pueden producirse en una empresa tan grande como la del señor Crespo, su actuación es digna de respeto”.

No parecen creer lo mismo los investigadores después de meses de trabajo, que incluyen escuchas telefónicas tanto a Crespo como a Calviño. Fuentes cercanas a la UDEF aseguran que tienen el caso “bien agarrado”, o no habrían llegado tan lejos como para entrar en las empresas de ambos e incautarse de toda su documentación.

 

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