El Gobierno cede el control de la transparencia a órganos independientes

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Un consejo independiente y no una agencia estatal velará por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, mientras que las sanciones a los cargos públicos que no respondan a los principios éticos y de buen gobierno ya no las impondrá el Ministerio de Administraciones Públicas, como estaba previsto.
Será la Autoridad Fiscal independiente, creada recientemente por el Gobierno, la que ponga en conocimiento de cada administración las infracciones detectadas, para que estas incoen el procedimiento y en su caso impongan la sanción, que puede llegar a la destitución e inhabilitación del cargo público.
Estas dos concesiones de última hora del Gobierno llevaron a CiU y el PNV a retirar sus enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que pasó ayer su primer examen en el pleno del Congreso, tras un debate de casi cuatro horas.
Con 21 votos a favor, 183 en contra y 117 abstenciones, el pleno rechazó las enmiendas de devolución de IU, UPyD, Amaiur, BNG y Compromís-Equo y la presentada por ERC con un texto alternativo, con 17 votos a favor, 287 en contra y 16 abstenciones.

mayoría absoluta
El nuevo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno asumirá las funciones que el proyecto de ley atribuye a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, adscrita al Ministerio de Hacienda.
Será elegido por la mayoría absoluta del Parlamento con los perfiles de “independencia y especialización” y no podrá ser destituido durante su mandato.
El Ejecutivo accedió a retirar al Ministerio de Administraciones Públicas la potestad de sancionar a los cargos públicos y optó por la fórmula de que la Autoridad fiscal ponga en conocimiento de cada administración las posibles vulneraciones.

El Gobierno cede el control de la transparencia a órganos independientes