Junqueras y Romeva quieren recusar a la sala que juzgará el 1-O por “colisión” ideológica

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raul Romeva pidieron la recusación de la sala que juzgará el 1-O porque sus “valores, creencias e ideología” podrían entrar en “colisión” con los de los procesados y afectar a su imparcialidad, ya que se “someten” a una Constitución que los acusados “quieren cambiar”.
Así lo sostienen en un escrito en el que piden la recusación de los cinco miembros de la sala que juzgará a la cúpula del proceso unilateral a la independencia: el presidente Manuel Marchena y los magistrados Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio Del Moral.
Según fuentes judiciales, una vez se haya acordado la fecha para el inicio del juicio, es posible que a la sala que enjuiciará el caso se puedan sumar otros dos jueces, que casi con toda probabilidad serán Ana María García Ferrer y Andrés Palomo.
En el escrito, el abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, advierte de que no atender los argumentos de la recusación que plantea supondría la “violación y vulneración” de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso público en “plena igualdad” y con “todas las garantías”, el derecho a un “tribunal imparcial” y a un “efectivo recurso”.
Según la defensa de Junqueras y Romeva, “podrían existir elementos para sospechar que los valores, creencias e ideología de los magistrados integrantes de la sala de enjuiciamiento podrían encontrarse en colisión con los de los procesados hasta el punto de afectar a la imparcialidad de los juzgadores”.

Sentencia imparcial
El escrito argumenta que la causa judicial por el proceso unilateral a la independencia tiene un “componente político indiscutible”, ante lo que la ideología de los juzgadores “podría llegar a suponer una barrera al dictado de una sentencia imparcial”.
Para la defensa, los “ingredientes de la sospecha de imparcialidad” son la existencia de una causa contra políticos independentistas y republicanos “sometida a enjuiciamiento por unos magistrados que naturalmente se someten a los valores de una Constitución que los procesados quieren cambiar (siempre por vías pacíficas y cauces políticos y bajo la tutela de una democracia no militante)”.
Además, alerta que el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, está “fuertemente criticado” por su “politización” y “alienta la actividad jurisdiccional con un único norte: la unidad indisoluble la de nación española”.
La defensa plantea la recusación para permitir también que sean los propios magistrados los que analicen “su propensión a juzgar o no con imparcialidad un movimiento independentista y republicano, a fin de garantizar que la ideología política de los procesados no pueda suponer un impedimento al desarrollo de un juicio justo”.
Mientras, el Tribunal Supremo ordenó designar a un instructor que estudie la petición de recusación del presidente y tres magistrados del tribunal que enjuiciará la causa abierta por el procés, solicitada por los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y por el exlíder de la ANC Jordi Sánchez.
La semana pasada la defensa de Turull, Rull y Sánchez solicitó la recusación del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y de los jueces Andrés Martínez, Ramón Berdugo y Luciano Varela por su proximidad con el instructor, Pablo Llanera, y porque admitieron la querella contra Carme Forcadell.
Ayer precisamente dos de ellos, Marchena y Martínez, junto con Antonio del Moral, han dictado una providencia en la que se da un plazo de tres días a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que manifiesten si apoyan o no la recusación o si conocen alguna otra causa por la que los cuatro magistrados deban apartarse.
Además, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la suspensión de cargo público del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y de cinco diputados en el Parlament que se encuentra en prisión provisional, todos ellos procesados por rebelión en la causa relacionada con el denominado procés.
Se trata del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez; y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes recurrieron el auto del juez Pablo Llarena en el que acordó la suspensión automática en sus funciones en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al ser su procesamiento por el delito de rebelión firme. l