La Xunta da por alcanzadas las principales metas de la mejora de la contratación pública

El director xeral de la Asesoría Xurídica de la Xunta, Manuel Pillado, destacó ayer que los objetivos “fundamentales” del plan de mejora de la contratación pública aprobado en 2014 por el Gobierno gallego están “satisfactoriamente cumplidos”.
De ello dio cuenta en comisión parlamentaria, en respuesta a una pregunta de la diputada del PPdeG Paula Prado. Además, desgranó los cinco ejes con sus 19 medidas para ratificar que en su amplia mayoría se encuentran “desarrollados”.
Y si la parlamentaria popular resaltó la “gran actividad” de la Xunta en el uso “eficiente” de los recursos públicos, en la búsqueda de la transparencia y en la simplificación de los trámites de ciudadanos y empresas, el alto cargo autonómico se ha fijado en los “retos” pendientes.
A renglón seguido, el parlamentario socialista Juan Manuel Díaz Villoslada denunció el “retraso” en la puesta en funcionamiento del tribunal administrativo de contratación pública de Galicia según lo establecido.
Enfrente, la secretaria xeral técnica de la Consellería de Facenda, Socorro Martín Hierro, respondió que en “el primer semestre del año” este órgano “celebrará su primera sesión”. Y es que, como explicó, una vez aprobados los presupuestos, se definirá su estructura y plazas.
Por otra parte, en la misma comisión parlamentaria, la diputada del BNG Olalla Rodil ha preguntado a la secretaria xeral para o Deporte, Marta Míguez, sobre la postura de la Xunta a respecto de la construcción de un rocódromo en Lugo.
La responsable autonómica mostró su “total apoyo” a esta infraestructura en caso de que “se garantice su viabilidad económica y técnica”.
De hecho, Míguez avanzó que en próximos días habrá una reunión con todas las partes implicadas para conocer el proyecto en detalle y a la que la Xunta acude con confianza en las “posibilidades” del rocódromo.
Adicionalmente, la iniciativa defendida por la socialista Patricia Vilán para pedir la cobertura de las plazas existentes en los cuerpos de seguridad y una mayor dotación de medios ante la “inseguridad” existente en el rural no fue aceptada por el grupo mayoritario.
Sí contó con el apoyo de En Marea, cuya portavoz en la materia, Carmen Santos, se mostró muy crítica con los “recortes” y las “carencias” materiales de los agentes; mientras que la diputada del BNG Olalla Rodil optó por la abstención.
Por su parte, Paula Prado acusó a la diputada del PSdeG de provocar “alarma” con este tipo de iniciativas, mientras le recordó que todos los informes disponibles señalan que la criminalidad baja en Galicia. n