La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió ayer en que el Ejecutivo seguirá adelante con las reformas, en un discurso en el que apremió a las comunidades a cerrar empresas públicas.
En su intervención en el campus de verano de la Fundación FAES en Navacerrada (Madrid), avanzó además que “en estos días” iniciará su tramitación una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que introducirá “profundos cambios” en la estructura y funcionamiento de los ayuntamientos.
Sáenz de Santamaría reclamó a autonomías y ayuntamientos que sigan el proceso de reducción del sector público empresarial del Gobierno –“que culminará con la desaparición de 80 empresas y fundaciones públicas”, indicó– porque “la inmensa mayoría” de las 4.000 empresas existentes depende de estas administraciones”.
Dijo, asimismo, que la reforma institucional se debe dar “a todos los niveles” y apeló a las autonomías a “reforzar los esfuerzos” para cumplir con la senda de estabilidad y a “analizar sus propias estructuras” para evitar las duplicidades en los servicios que se prestan a los ciudadanos.
ajuste
Destacó el consenso alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para reducir el déficit, “un proceso de ajuste generalizado al que debe darse un nuevo impulso”.
La vicepresidenta avanzó durante su comparecencia la puesta en marcha de una central de compras única para los suministros de toda la Administración general del Estado.
Explicó que estará encargado de celebrar los contratos y “obtener precios razonables”, toda vez que, añadió, la unificación de la gestión de compras emprendida en algunos ministerios ya ha supuesto “grandes ahorros”, especialmente en el Ministerio de Defensa.
Se refirió además al plan de gestión inmobiliaria integral del patrimonio del Estado que, en cuatro meses, ha permitido ahorrar 17,5 millones de euros a la administración del Estado.
Sáenz de Santamaría insistió en la necesidad de clarificar las competencias entre las distintas administraciones y así dijo que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local se pondrá en marcha “en estos días”.
Esta reforma garantizará que los pequeños municipios puedan prestar “servicios públicos adecuados a precios razonables”.
La ley de Transparencia establecerá además el número de concejales y los baremos de los salarios que percibirán, así como los de los alcaldes, que serán públicos al igual que los de los miembros del Ejecutivo y los altos cargos de la Administración.
Las reformas, aseveró, “no son una opción política, son la condición indispensable para acabar con los desequilibrios estructurales” que tiene España.
Recordó que se basan en tres pilares: consolidación fiscal, reestructuración del sistema financiero y reformas para lograr competitividad, de cara al objetivo de volver al crecimiento económico y la creación de empleo. n
