El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció ayer que el Gobierno no dejará en libertad a la presa etarra Inés del Río, pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) exigió a España su excarcelación al considerar que se le aplicó la doctrina Parot de forma “irregular”.
En declaraciones a los periodistas antes de clausurar la Conferencia de Alto Nivel sobre Víctimas del Terrorismo, Fernández Díaz avanzó que el Gobierno recurrirá la sentencia ante la Gran Sala del TEDH, a la que pedirá que suspenda la ejecución del fallo sobre la base de la “irreparabilidad” de la sentencia y porque “sin lugar a dudas se fugaría”.
Fernández Díaz calificó de “absolutamente lamentable” que el tribunal europeo haya hecho pública la sentencia el mismo día en el que se cumple el quince aniversario del secuestro y posterior asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco.
indemnización
El Estado tampoco pagará los 30.000 euros de indemnización que fija la sentencia de la corte europea y se limitará, en el caso de que pierda el recurso, a descontárselos de la “inmensa responsabilidad civil” que la etarra debe por los más de veinte asesinatos que tiene a sus espaldas.
Fernández Díaz dejo claro que la corte europea no derogó en ningún caso la “doctrina Parot” sino que se limitó a resolver un caso concreto.
“No se ha pronunciado sobre la doctrina Parot para lo que no es competente”, subrayó el titular de Interior, que ha recordado que el Tribunal Constitucional avaló su aplicación en marzo.
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer la interposición de un recurso “en el plazo más breve posible” y “sin agotar los tres meses” previstos contra la decisión.
Ruiz-Gallardón precisó que el recurso será interpuesto ante la Gran Sala del TEDH y destacó que la decisión es “contraria” a la doctrina aplicada por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Constitucional.
El titular de Justicia hizo estas declaraciones en Santiago poco antes de entrevistarse con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
En opinión del ministro, hay una violación de los artículos 5 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Afirmó también que el “Gobierno piensa que en ninguno de los casos se estableció esa violación y que, por lo tanto, no se ha producido un supuesto de castigo sin ley ni tampoco ninguna vulneración de los derechos a la libertad y a la seguridad”.
Añadió que “no procede por tanto modificar los criterios de ejecución de la pena” de la Audiencia Nacional. n
