El alcalde, Carlos Negreira, anunció en diciembre la cancelación del acuerdo adoptado por el bipartito en junta de gobierno el 11 de abril de 2011, que suponía pagarle a Albada, la concesionaria de Nostián, 3,3 millones de euros al año más por el sobrecoste de explotación de la planta de tratamiento de basura. Pero, seis meses después, la anulación del acuerdo carece del visto bueno del Consello Consultivo de Galicia, ya que este devolvió a la administración local la propuesta remitida por el Ayuntamiento en mayo por carecer de un plan de resolución, y por una “falta de instrucción completa do procedemento”.
La cancelación del acuerdo adoptado en la junta de gobierno del 11 de abril por el exalcalde Javier Losada fue una de las primeras medidas que adoptaron los conservadores tras asumir el mando de María Pita. De esta forma, Negreira quería reducir los gastos que estaba generando la planta de tratamiento de basura a las arcas locales.
Al mismo tiempo, el regidor encargó dos auditorías –una técnica y otra económica– para aclarar los números de Nostián, tanto en lo referente a los gastos como a su rendimiento técnico. Pero la decisión de Negreira queda en el aire, ya que aunque las decisiones del Consultivo no son vinculantes, sí advierten seriamente de que los procesos sobre los que se pronuncia pueden incurrir en irregularidades.
En su resolución, el organismo autonómico insta a especificar las causas de nulidad, además de a incluir una “proposta de resolución sobre a cuestión sometida a ditame”. En el informe elaborado por la asesoría jurídica municipal que se remitió para su análisis se justifica la anulación del acuerdo de la junta de gobierno de abril de 2011, precisamente, por la falta de dictamen del Consello Consultivo. Pero para el organismo autonómico esta justificación no es suficiente, y aclara que, en caso de querer alegar dicho motivo, el Ayuntamiento deberá especificar el importe inicial del contrato “y el porcentaje de alternación que implicaría”.
propuesta económica
El dictamen del Consello se llevó a la junta de gobierno del pasado viernes, y en la misma se acordó remitir al organismo consultivo la solicitada propuesta de resolución. En esta se justifica la nulidad del acuerdo por el hecho de que el cambio adoptado por el bipartito en 2011 había sido aprobado “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido”, algo a lo que obliga la ley, que exige notificar modificaciones de contratos que suponen un incremento del más del 20% del precio inicial, situación que se estaba produciendo en Albada. n
