El Ayuntamiento de Miño abonará ocho facturas, emitidas por seis empresas, por valor de casi 22.000 euros a pesar de un informe desfavorable del servicio de Intervención.
El documento del habilitado nacional, con fecha del día 5 de este mes, señala que se emite un informe “desfavorable con efectos suspensivos” motivado en la ausencia de procedimiento de contratación que excede por importe y duración en el tiempo lo que la Ley de Contratos permite para contrato menor.
“Se recomienda por lo tanto la iniciación del procedimiento administrativo de adjudicación de los siguientes contratos (...)”, indica el interventor.
Sin embargo, el alcalde, Ricardo Sánchez Oroza, ha decidido abonar las mencionadas facturas basándose, según él, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que “no se puede alegar como impedimento en el cumplimiento de la obligación de pago la ausencia de diversas formalidades”.
Sánchez Oroza añade que deben de tenerse en cuenta los principios de confianza legítima y la buena fe que deben de presidir las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos.
El mandatario alega, además, la posibilidad que tienen las entidades locales para reconocer aquellas obligaciones económicas que, aunque infringen la norma de adjudicación, se evita la necesidad de iniciar procesos judiciales.