El IVAM compró obras por un precio hasta quince veces superior a su valor de mercado

Un informe de la Intervención General de la Generalitat sobre la gestión del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) entre 2009 y 2013, bajo la dirección de Consuelo Císcar, refleja diferencias de hasta el 1.520% entre el precio de adquisición de las obras de arte y el valor de mercado.
Es el caso de la obra “Della Bestia Triunphante” de Julio Quaresma, adquirida en 2011: su precio de adquisición ascendió a 32.400 euros mientras que la valoración externa ofrece un valor de 2.000 euros, lo que supone una diferencia del 1.520%.
Estos datos quedan recogidos en el informe provisional de control financiero “Procedimientos de Gestión económico-financiera de las actuaciones realizadas por el IVAM”, ejercicio 2014, facilitados por el propio IVAM “en aras de una mayor transparencia”.
El informe señala que la escultura “La moneda, el tiempo y el laberinto. Homenaje a Borges II”, adquirida al heredero de Gerardo Rueda, figura como entregada en la documentación del IVAM pero no consta en sus dependencias si bien, según el instituto, se ha pedido a la Fundación CAPA que entregue la obra a la mayor brevedad. También apunta que tiene cedidas 211 obras de su propiedad a entidades públicas y privadas pero el depósito de obras en dependencias restringidas “se aleja” de las funciones museísticas y de custodia señaladas en la ley de creación del Instituto.
En cuanto a las exposiciones, el informe señala que el IVAM no dispone de una norma escrita que fije el procedimiento para organizar exposiciones, y constata que la elección del comisario de cada exposición y su remuneración se hace “de forma discrecional” por la directora gerente.
El informe cuestiona un convenio suscrito con la Fundación Azcona para publicar un catálogo razonado de Julio González en cuanto a la justificación de gastos, y recoge “irregularidades” en la contratación de los servicios de edición de los veinte números de la revista “Cuadernos del IVAM”.
En general el informe indica que hay irregularidades en todas las fases de tramitación de los expedientes de contratación, fraccionamientos indebidos y tramitaciones urgentes sin justificación suficiente, y que en la mayoría de los contratos menores analizados no hay aprobación del gasto.